Un informe del CEPA advierte sobre cierres, despidos, suspensiones y salarios adeudados en distintos sectores productivos. La provincia sólo es superada por Buenos Aires
Los conflictos entre empresas y trabajadores se profundizan en Santa Fe y dibujan un panorama preocupante para el entramado productivo provincial. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), actualmente existen 69 empresas santafesinas con algún tipo de conflicto laboral, que van desde cierres y paralizaciones hasta despidos, suspensiones y deudas salariales.
A nivel nacional, el mapeo identifica 677 empresas en crisis entre enero de 2024 y diciembre de 2025. En ese contexto, Santa Fe aparece como la segunda provincia más afectada, sólo por detrás de Buenos Aires (176 casos), y por encima de La Rioja (59) y Córdoba (42).
El informe detalla que el sector más golpeado es la industria, que concentra casi el 62% de los conflictos, con especial incidencia en ramas como la metalúrgica, textil, alimenticia y siderúrgica. Le siguen los servicios, el comercio, el sector primario y la construcción.
En el territorio santafesino, tres firmas se encuentran directamente paralizadas: Algodonera Avellaneda, Cramaco y El Miguelito Bicicletas. A ellas se suman numerosos casos de empresas con producción reducida, planteles achicados o negociaciones tensas por salarios y condiciones de trabajo.
La economista Lucila Rivolta, integrante de CEPA, explicó que el escenario responde a un cambio en el modelo productivo nacional. “Hay un crecimiento relativo en sectores como la agricultura, la minería y la intermediación financiera, mientras que la industria, el comercio y la construcción, que explican más del 45% del empleo formal, están en caída”, señaló. No obstante, advirtió que la conflictividad atraviesa a todos los rubros.
Entre los ejemplos emblemáticos aparecen Acindar, con una fuerte caída en su nivel de actividad y cientos de despidos, lácteos Verónica, el frigorífico Euro y, en Rosario, la empresa Briket, afectada por el avance de importaciones y la retracción del consumo interno.
Más cierres y menos empleo
Otro informe del CEPA indica que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron en el país más de 272 mil puestos de trabajo registrados, sumando sector público y privado. En Santa Fe, en ese período, cerraron 2.276 empresas y se destruyeron más de 15 mil empleos formales.
Las crisis de grandes compañías también arrastran a cooperativas y pymes vinculadas a sus cadenas productivas. Es el caso de Algodonera Avellaneda, asociada al grupo Vicentin, o de la cooperativa Cooperar 7 de Mayo, contratista de Acindar, que el año pasado tuvo alrededor de cien puestos en riesgo.
A esto se suman conflictos en el sistema financiero, como los despidos en el Banco de Santa Fe, frente a los cuales el sindicato La Bancaria respondió con medidas de fuerza y denuncias por falta de intervención estatal.
Un modelo bajo cuestionamiento
El relevamiento también registra tensiones en empresas del agronegocio, como Cargill, ADM, Surcos y Aceitera General Deheza, con despidos, concursos preventivos o dificultades para cerrar acuerdos salariales. Para Rivolta, esto evidencia contradicciones del esquema económico actual: “Aunque el gobierno apuesta a la reprimarización y a las exportaciones de commodities, estas empresas también muestran conflictos laborales y financieros”.
Desde el CEPA sostienen que el costo del ajuste recae principalmente sobre los trabajadores, a través de despidos, pérdida de poder adquisitivo y precarización.
En ese marco, el escenario se cruza con la inminente discusión de una reforma laboral en el Congreso. Según el organismo, los cambios propuestos apuntan a reducir contribuciones patronales, crear fondos para financiar despidos y debilitar la negociación colectiva, lo que podría profundizar aún más la precarización.
“Sin una reactivación de la industria, el comercio y la construcción, no hay reforma laboral que genere empleo”, sintetizó Rivolta. Y concluyó: “Si no hay consumo ni producción, ningún empresario va a contratar más trabajadores, por más que se bajen los costos laborales”.
El mapa de los conflictos en Santa Fe expone, así, un entramado productivo tensionado, con impacto directo en miles de familias y con un horizonte de incertidumbre que atraviesa a buena parte de la economía provincial.