La provincia presenta la tasa más alta de femicidios del país, según el relevamiento de Mumalá, que reclama medidas urgentes y recursos para enfrentar la violencia de género
Las organizaciones feministas volvieron a reclamar que Santa Fe declare la emergencia provincial en violencia de género, luego de contabilizar 43 femicidios en lo que va de 2026. Según los datos difundidos por Mumalá, la provincia encabeza el ranking nacional de tasas de femicidios, por encima de Santiago del Estero y Catamarca.
El relevamiento indica que Santa Fe registra 1,9 femicidios cada 100.000 mujeres, mientras que Santiago del Estero alcanza 1,7 y Catamarca, 1,4. Desde la organización advirtieron que las cifras de este año superan ampliamente las del período anterior y reclamaron una respuesta urgente de los distintos poderes del Estado.
La última víctima mencionada en el informe es Talía, una joven de 26 años oriunda de Granadero Baigorria que cursaba un embarazo de 34 semanas cuando fue quemada por su pareja. Falleció el 21 de octubre.
Casos que encienden las alarmas
Desde Mumalá señalaron que durante este año se registraron situaciones que, por sus características, requieren especial atención. Entre ellas mencionaron el asesinato de Carina Candelas, ocurrido el 19 de agosto en la farmacia donde trabajaba como encargada y delante de compañeras.
La organización también alertó sobre más de un femicidio de mujeres que ejercían el trabajo sexual. Entre los casos recientes mencionó el de Bárbara Camila Aragón, ocurrido el 12 de octubre. Además, señaló el asesinato de Natalia Giménez, el 26 de septiembre en Grandoli al 3800, como un posible crimen vinculado a una deuda impaga.
Otro dato que preocupa a las activistas es que, de acuerdo con sus registros, solo el 12% de las víctimas había realizado denuncias previas contra su agresor. El año pasado, ese porcentaje había sido del 38%.
Mumalá también advirtió que la violencia de género dejó al menos a 50 niñas, niños y adolescentes sin sus madres, además de familias que reclaman justicia y acompañamiento.
El reclamo por la emergencia llegó a la Legislatura
El proyecto para declarar la emergencia provincial en violencia de género se encuentra en la Cámara de Diputados de Santa Fe. La iniciativa fue presentada por la legisladora del Frente Amplio por la Soberanía, Claudia Balagué.
En paralelo, el Senado provincial aprobó la semana pasada una propuesta del Poder Ejecutivo para crear un sistema integral de prevención, protección y gestión del riesgo frente a la violencia de género.
Desde Mumalá esperan que el reclamo de las organizaciones feministas, sociales y sindicales se traduzca en medidas concretas. “La sociedad santafesina se ha movilizado exigiendo políticas públicas urgentes, territoriales y de calidad”, expresó Majo Zochi, referente de la organización.
La dirigente sostuvo que la situación requiere que el Estado reconozca la gravedad del escenario. “Estamos en Emergencia en Violencia de Género”, remarcó.
Piden recursos y políticas públicas urgentes
Para Mumalá, declarar la emergencia permitiría disponer de acciones y recursos de manera inmediata, en un contexto que la organización describe como marcado por la ausencia de políticas nacionales de género y la precariedad de las respuestas provinciales y municipales.
“Las cifras de este año superan ampliamente a las del año anterior”, señalaron desde el espacio, al recordar que, según datos del Ministerio Público de la Acusación, en 2025 se registraron 30 muertes de mujeres por usos intencionales de las violencias.
Las activistas también vincularon el agravamiento de la problemática con la crisis económica, el empobrecimiento de amplios sectores y la precarización de las condiciones de vida. “A mayor vulnerabilidad, mayor es el peligro para las vidas de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+”, afirmó Zochi.
Desde la organización insistieron en que las familias de las víctimas, las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ necesitan respuestas estatales acordes con la gravedad de la situación. El reclamo central apunta a que la emergencia se traduzca en políticas sostenidas, presencia territorial y recursos para prevenir las violencias y proteger a quienes se encuentran en riesgo.