Fueron acusados por asociación ilícita, al considerar la justicia que implementaron “mecanismos recaudatorios”, encubriendo a narcotraficantes
Un juez federal de Santa Fe procesó hoy al ex jefe de la Delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA) y a otros cinco miembros de la fuerza por asociación ilícita al considerar que implementaron un «mecanismo recaudatorio» a través de narcos a los que les cobraban para encubrirlos, informaron fuentes judiciales.
El fallo del juez federal 2 santafesino, Francisco Miño, recayó sobre el comisario Marcelo Lepwalts, el inspector Cristian Bogetti, el oficial Michael Arbildo; el agente Carlos Fernando Gómez Navarro y los cabos Lucas Bustos y Darío Duarte.
Cuatro de ellos, el jefe Lepwalts, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro ya habían sido procesados el 30 de mayo pasado por «falsedad ideológica de documento público, sustracción de pruebas, encubrimiento y desaparición de rastros del delito, incumplimiento de deberes y tenencia simple de estupefacientes».
En aquella resolución, Duarte y Bustos fueron acusados de «tenencia de estupefacientes». Según la resolución del juez Miño, a la que accedió Télam, los policías involucrados «habrían tomado parte de una organización delictiva, liderada por Lepwalts en su condición de Jefe, persiguiendo una finalidad recaudatoria al margen de sus ingresos salariales, mediante la comisión de delitos indeterminados durante el período comprendido entre el 23 de marzo de 2018 y el 09 de mayo de 2019».
«Dicho mecanismo recaudatorio habría tenido como objeto la obtención de dinero que era distribuido por partes iguales entre el personal policial que integraba el grupo; como así también de material estupefaciente que se resguardaba para comprometer judicialmente en futuros procedimientos a personas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas, mediante interceptaciones de manera sorpresiva o durante la ejecución de medidas judiciales», sostuvo el magistrado.
Luego señaló que el sistema implementado en la delegación Santa Fe de la PFA incluía «el ofrecimiento de cobertura policial» a presuntos vendedores de drogas «a cambio de sumas de dinero periódicas».
Uno de los casos que investigó el fiscal del caso, Walter Rodríguez, fue la detención en abril de 2018 de un presunto narco, Guillermo Kernc, quien habría pagado 120 mil pesos para recuperar uno de los dos teléfonos móviles que le secuestraron.
En una escucha telefónica, el policía Gómez Navarro le explicó a su interlocutor: «Para que le devolvamos el celu, porque era prestamista, tenía todas las cuentas que tenía que cobrar, y citamos ahí en la costa, puso 70 más lo que había puesto 50 el otro día».
Cuando la Justicia allanó la sede la PFA en Santa Fe encontró también un cuaderno con anotaciones que llevaba Lepwalts, que el juez asignó en el procesamiento a una posible cobertura a vendedores de dólares en el mercado negro.
En aquella oportunidad también se secuestraron varios envoltorios con marihuana y cocaína guardados en una oficina de la sede de la PFA, que para los investigadores la banda policial usaba para «embagallar» –como se dice en la jerga a plantar drogas en forma ilegal en un procedimiento- y que conseguían en procedimientos oficiales en los que declaraban un secuestro menor de estupefacientes.
En escuchas al celular de Gómez Navarro el policía le dijo a otra persona que un presunto narco al que amenazaron con allanar pagó «60» y le sacaron «8 y 3 de un gramo para bagallo».
Según el fallo, el jefe Lepwalts tampoco pudo demostrar por qué tenía 42 mil pesos en efectivo en su oficina el día que la allanaron.