El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que en casos excepcionales y con aval técnico debería poder imputarse a menores incluso por debajo del piso etario que hoy se discute en el Congreso
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, volvió a poner sobre la mesa el debate por la edad de imputabilidad penal y planteó que los proyectos nacionales en discusión resultan insuficientes. Según sostuvo, la Provincia considera necesario avanzar hacia un esquema que permita, en situaciones excepcionales, imputar a menores incluso por debajo de los 13 años.
En declaraciones a FM Red Boing, el funcionario remarcó que el foco no debería estar únicamente en la edad cronológica, sino en qué tipo de respuesta puede dar el Estado frente a un menor que comete un delito grave. “Lo que creemos que hay que establecer es qué respuesta puede dar el Estado ante un menor que comete un delito”, expresó.
Cococcioni recordó que actualmente los menores de 16 años son no punibles y que, en la práctica, la intervención estatal queda limitada a medidas solicitadas por la Justicia. “Respondemos y cumplimos lo que los jueces solicitan como medidas de intervención, pero eso no asegura que, una vez liberados, no vuelvan a cometer el mismo delito”, advirtió.
El ministro señaló que los proyectos que se debaten a nivel nacional fijaron en un primer momento la edad mínima de imputabilidad en 13 años y que luego ese piso fue elevado a 14. Sin embargo, consideró que ese límite no debería ser rígido. “Debería contemplarse, en determinados casos, la posibilidad de imputar a menores de esa edad cuando exista un dictamen técnico que certifique que comprendían la gravedad y la criminalidad del hecho cometido”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que el sistema debe contar con herramientas que permitan no sólo la recuperación del joven, sino también la protección de la sociedad. “Tiene que haber alternativas que ayuden a la persona a recuperarse, pero también que protejan a la sociedad para que no vuelva a cometer hechos similares”, afirmó. Y agregó: “En casos graves y particularmente violentos, tengo que tener la posibilidad de restringir la libertad”.
Cococcioni insistió en que el eje del debate debe pasar por la capacidad de comprensión del acto delictivo y no exclusivamente por la edad. Para eso, subrayó la necesidad de evaluaciones periciales que determinen si el menor tenía conciencia del daño causado y de las consecuencias de su accionar.
Finalmente, el ministro advirtió sobre los riesgos de la inacción estatal. “El Estado tiene herramientas, mejores o peores, pero tiene que dar una respuesta. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada y que estas personas salgan y sigan delinquiendo, o que los maten a ellos o que maten a otros”, concluyó.
La postura del funcionario provincial se suma a un debate sensible y de alto impacto social, en momentos en que se discute una eventual reforma del régimen penal juvenil en el país.