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Santa Fe aprobó su adhesión a la «Ley Micaela»


 

Este jueves por la tarde la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la adhesión a la denominada «Ley Micaela», sancionada a nivel nacional. La misma establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que ingresen a los poderes del Estado provincial.

La iniciativa fue aprobada por 45 votos a favor y una abstención en la jornada legislativa donde también se dio sanción definitiva al proyecto por el cual se establece la normativa que contempla el cuidado de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes.

“El asesinato de Micaela en 2017 dejó al descubierto el falaz funcionamiento de la justicia y la formación patriarcal que tienen agentes del Estado de los tres poderes. El femicida de Micaela tenía que estar en la cárcel, pero su libertad condicional fue aprobada por un juez que desestimó los informes que la desaconsejaban”, indicó la diputada provincial de Igualdad y Participación, Silvia Augsburger, autora del proyecto.

“Es necesario capacitar en perspectiva de género al personal del Estado porque si se sigue actuando del mismo modo no van a obtenerse resultados diferentes. Hasta aquí no se ha logrado detener la epidemia de violencia contra las mujeres, lesbianas, trans, travestis y todas las identidades que no responden a la norma heteropatriarcal”, planteó.

Esta Ley Nacional 27.499 – Ley Micaela, apunta a capacitar en forma obligatoria a todas las personas que conforman los tres poderes del Estado, a fin de sensibilizar para el cumplimiento a un deber que asumió la Argentina al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

La norma, además, establece que en cada organismo estatal, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género cuando ya estén en funcionamiento y remarca que se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por «las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país».

La modalidad impuesta en la Ley es que la capacitación y formación para los agentes de los tres poderes públicos del Estado será obligatoria, por lo que la normativa señala que será considerada como «una falta grave y pasiva de una sanción disciplinaria» la decisión de un empleado público a negase «sin causa justa», a participar de las capacitaciones.