Florencia Morales, de 39 años, había sido detenida en la comisaría de la localidad de Santa Rosa de Conlara, por haber violado la cuarentena. La familia aseguró que "la mató la policía”
El abogado de la familia de Florencia Morales, la mujer que fue hallada muerta el 5 de abril último en la comisaría de la ciudad de Santa Rosa del Conlara, de San Luis, donde había sido alojada por violar la cuarentena por el coronavirus, aseguró este viernes que la investigación sobre el hecho está «paralizada» desde hace dos meses.
En diálogo con Télam, el letrado Santiago Calderón Salomón, dijo que desde hace tiempo espera que se resuelva un pedido de recusación planteado contra el juez de la causa y una apelación a la decisión de éste de que para realizar una nueva autopsia la familia de Morales (39) se haga cargo de pagar los gastos de la exhumación y de traslado.
A dos meses de ocurrido el hecho, que generó que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, le pidiera un informe detallado al ministro de Seguridad, Gobierno y Culto de la provincia, Fabián Antonio Filomena Baigorria, el letrado afirmó que el expediente a cargo del magistrado puntano Jorge Pinto ”no avanza judicialmente».
Morales fue hallada muerta, presumiblemente ahorcada, en una celda de la seccional 25, donde estaba detenida por violar la cuarentena decretada ante la pandemia de coronavirus.
Su cuerpo fue hallado el 5 de abril en una celda disciplinaria y el caso fue inicialmente investigado como un supuesto suicidio, lo que fue rechazado de plano por la familia de la mujer, que denunció públicamente que «a Florencia la mató la policía”.
Calderón Salomón aseguró que hay “muchas las dudas sobre las casuales de muerte de Florencia» y sobre lo que sucedió desde el momento de su detención hasta el que fue hallada sin vida en la celda.
“Hay una versión que dice que fue detenida en la vía pública y otra que fue detenida en dependencias de la comisaría a la que había ido a buscar a un oficial que conocía”, explicó el letrado, quien añadió que con el fin de esclarecer ese punto se pidieron las cámaras de seguridad correspondientes, aunque «a dos meses esa prueba no ha sido provista”.
Explicó que tampoco se tomó declaración testimonial a dos personas que estaban detenidas en la misma sede policial que Morales, quienes habían inicialmente afirmado que “escucharon gritar a Florencia, pedir auxilio y luego advirtieron la asistencia de un médico”, tras lo cual fueron trasladadas a otra sede policial.
El abogado dijo que además queda pendiente una nueva autopsia al cuerpo de la mujer solicitada por la familia, ya que sus allegados afirmaron que cuando la vieron «presentaba un golpe en el pómulo” a pesar de que al momento de ser detenida la médica que de rigor la revisó dijo que «no tenía signos de maltrato».
Siempre según los dichos del letrado, la Justicia hizo lugar a ese pedido, informó al municipio que estaba autorizada la exhumación, aunque dispuso que sea la familia Morales la que pague los gastos de esa diligencia, lo que fue apelado.
Calderón Salomón denunció además “la falta de rigurosidad del informe de la primera autopsia”, en la que «faltan hisopados y otras pericias”.
Además, dijo que tampoco queda claro qué cantidad de efectivos estaban en ese momento en la dependencia, ya que si bien se pasaron a disponibilidad los cinco oficiales un miembro de criminalística que llegó al lugar afirmó que se encontró con aproximadamente diez.
“Nadie vio el cuerpo colgado, todos los testimonios hablan de que estaba en el piso, por lo que se supone que fue manipulado”, agregó.
Finalmente, el letrado dijo que aguarda que se resuelva el pedido de recusación del juez Pinto por “supuesta parcialidad y prejuzgamiento”, al tiempo que consideró que «con el 80 por ciento de la prueba sin producirse es prematuro pensar en un suicidio”.
“Hemos sido muy cautelosos y no descartamos ninguna hipótesis. Lo que se busca es que se investigue en profundidad», concluyó.