El hombre protagonizó manifestaciones con pancartas acusando funcionarios judiciales por "no realizar su trabajo"
Un fiscal penal imputó el lunes al padre de una de las dos amigas que aparecieron ahorcadas el 16 de julio de 2012 en la capital salteña, por amenazas, desobediencia judicial y atentado a la autoridad, luego de acusar a funcionarios judiciales por «no realizar su trabajo».
Se trata de Gustavo Peñalva, padre de Luján, una de las dos amigas que aparecieron ahorcadas, quien en febrero y marzo pasado protagonizó manifestaciones con pancartas frente a la Ciudad Judicial de Salta pidiendo justicia por la muerte de las adolescentes y acusó a los funcionarios judiciales.
“Hace alrededor de un mes se dictó una medida cautelar promovida por el procurador general (Abel Cornejo), para que Peñalva se abstenga de realizar escraches, manifestaciones y declaraciones en contra de funcionarios judiciales”, dijo a Télam el abogado Pedro Arancibia, quien explicó a eso se le suma hoy la imputación por amenazas, desobediencia judicial y atentado a la autoridad, todo en concurso real.
El letrado que representa a Peñalva detalló que, en febrero y marzo pasado, el padre de Luján -que apareció ahorcada junto a su amiga Yanina Nüesch, en la zona sur de la capital salteña, en 2012- se manifestó frente a la Ciudad Judicial, en Salta, por “la falta de respuestas” de la justicia, teniendo en cuenta que “hay un crimen que no está resuelto”.
Arancibia señaló que esto motivó la cautelar, cuyo levantamiento ya solicitó, y la calificó como un acto de “intimidación y censura” que “afecta la libertad de expresión”. “A estos escraches se le suman manifestaciones en las redes sociales, entre ellas una realizada por la hermana de Gustavo, Marisa Peñalva -que también fue imputada aunque se encuentra fuera del país por tener residencia en Estados Unidos-, en la que publica que pronto iban a haber dos bombas sobre la corrupción judicial en Salta, en clara alusión al término noticias”, comentó.
Luego, sostuvo que desde la justicia a este término “lo tomaron como literal y consideraron que era una amenaza hacia las personas que ellos escracharon”, lo que motivó al fiscal penal 1, Juan Marcos Molinati, a dictar la cautelar, que incluye además una prohibición de acercamiento a jueces y fiscales.
Asimismo, fue Molinati quien imputó hoy a Peñalva, por entender que “habría desplegado una conducta intimidante contra los magistrados, realizado manifestaciones públicas y publicaciones por redes sociales de manera reiterada”, que “consistirían en el anuncio de un mal grave y futuro en perjuicio de funcionarios judiciales”, informaron a Télam fuentes del Ministerio Público de Salta.
Para el fiscal, Peñalva “incumplió con una resolución judicial dictada por la jueza de Garantías 1”, Ada Zunino, y su objetivo fue «provocarles temor” a los funcionarios de la justicia salteña, y atentar “así contra la libertad de los mismos”.
En declaraciones formuladas hoy a Radio Nacional, Peñalva expresó que “esto es bochornoso, insólito, no tiene demasiada explicación porque nunca ocurrió”, y detalló que se manifestó “con pancartas con las caras de los funcionarios judiciales que no han hecho su trabajo”. Peñalva aseguró: “No hice nada, no amenacé a nadie”, y agregó que está “haciendo lo que como padre tengo que hacer”.
El 16 de julio de 2012, Yanina y Luján, de 16 y 19 años respectivamente, aparecieron muertas y colgadas de una misma soga, en un árbol de un descampado de la zona sur de la capital salteña, tras permanecer dos días desaparecidas.
En un primer momento, el hecho fue considerado un pacto suicida, y la causa por muerte dudosa fue archivada el 6 de febrero de 2014 por el juez instructor, cuya decisión fue confirmada en abril de ese año por la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta.
A partir de una serie de peritajes realizados por especialistas estadounidenses, a pedido de la familia de Peñalva, que acudió a la justicia para la reapertura de la causa, la jueza Mónica Mukdsi ordenó, en febrero de 2019, proseguir con la investigación.
No obstante, en agosto del año pasado, la familia Peñalva, mediante una extensa carta, comunicó la decisión de la familia de alejarse de la causa, por considerar que Salta está “lejos de tener una justicia independiente” y que “la corrupción política está indudablemente enquistada en el proceso judicial”, luego de la insistencia de los investigadores salteños sobre la hipótesis del pacto suicida.