Este miércoles comenzó el proceso oral en el que se juzga a los once imputados por la explosión que le quitó la vida a 22 personas, el 6 de agosto de 2013.
A las 8.30 de este miércoles dio inicio el juicio por la peor tragedia que vivió la ciudad, cuando una pérdida de gas causó la explosión y derrumbe de un edificio de tres torres en Salta 2141, el 6 de agosto de 2013. Por el siniestro, perdieron la vida 22 personas y otras 60 resultaron heridas. El proceso legal se desarrolla en el Nuevo Centro de Justicia Penal de la Ciudad y los imputados son once.
En la primera audiencia, la fiscal Graciela Argüelles, que llevó adelante el proceso investigativo desde sus inicios, solicitó la pena de cinco años de prisión para nueve de los acusados. Se trata de la máxima pena para el delito de “estrago culposo agravado por muerte”, del que están imputados.
Por otra parte, la fiscalía pidió el sobreseimiento de dos de los acusados, un gasista y un reclamista de Litoral Gas, sobre los que se entiende que no tienen responsabilidad penal por su acotada participación en el hecho. Se trata de José Allala, gasista matriculado que asistió al edificio doce días antes de los que estaban trabajando cuando se produjo la explosión, y de Gerardo Bolaños, uno de los inspectores.
Mientras que Osvaldo Carlos García, Pablo Miño (gasistas que intervinieron en el cambio del regulador el día del hecho); Norma Bauer, Carlos Repupilli y Mariela Calvillo (miembros de la administración del edificio de Calle salta 2141); Guillermo Oller y Luis Curaba (reclamistas de Litoral Gas); Viviana Leegstra (Gerente técnica de Litoral Gas) y Claudio Tonucci (Jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas), son los imputados a los que la Fiscalía, encabezada por Argüelles y compuesta también por Valeria Piazza Iglesias, María Eugenia Iribarren y Miguel Moreno, les solicitó cinco años de prisión efectiva.
Por otra parte, la única querella que participa en el proceso, la de la familia de Débora Gianángelo, una de las víctimas fatales, pidió la misma pena de cinco años de prisión, pero para todos los acusados. El resto de los familiares acordaron con la parte, algunos con temor de ser demandados por alguno de los imputados.
En el inicio del proceso, la fiscal Argüelles presentó la línea cronológica de los hechos hasta la explosión. De acuerdo a su investigación, el siniestro fue consecuencia de “una cadena de negligencias”, que involucra desde el gasista, pasando por el personal de la empresa Litoral Gas, hasta a los administradores del consorcio del edificio.
El tribunal a cargo del debate está integrado por los jueces de Primera Instancia Dres. Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva.
Las audiencias se desarrollarán los lunes, miércoles y jueves entre las 8.30 y las 17.30, y los martes desde las 13 hasta las 19. Los viernes no habrá actividad, a excepción del de esta primera semana. De acuerdo a las previsiones del tribunal, el juicio se extenderá hasta el 12 de junio próximo.
La “cadena de negligencias”
Ante un problema de pérdida de gas en el edificio, el 25 de julio de 2013 asistió al edificio de Salta 2141, casi esquina Oroño, el gasista matriculado José Allala, quien procedió “al accionamiento de la válvula de bloqueo para lo cual, según normativa vigente, se encuentra autorizado sólo personal de la licenciataria Litoral Gas”, señala el procesamiento.
De acuerdo a la causa, frente a la persistencia del problema los administradores del consorcio informaron a los propietarios e inquilinos que debían colocar dos reguladores de gas para una mejor provisión del fluido.
Unos días después, el 2 de agosto durante una reunión de consorcio, otro gasista contratado por la administración, Osvaldo García, explicó que “era más económico colocar un regulador de 100 en lugar de dos de 50, como asimismo que no debía realizarse obligatoriamente para la rehabilitación del servicio una inspección en todas y cada una de las unidades habitacionales del edificio”, algo contrario a las normas.
Según el expediente, algunos vecinos -dos de los cuales luego murieron en el siniestro- requirieron información precisa sobre los trabajos a realizar, que el administrador habría retaceado.
García y su ayudante Pablo Miño cambiaban el regulador el 6 de agosto de 2013 cuando se produjo la fuga de gas que provocó el estallido, aunque alcanzaron a escapar corriendo.
Además del gasista, los fiscales también acusan por estrago culposo agravado a los inspectores de Litoral Gas Guillermo Oller y Luis Curaba, al jefe de mantenimiento de la empresa, Claudio Tonucci, y a la gerenta técnica, Viviana Leegstra,
Por su presunta negligencia también serán acusados los miembros de la administración del edificio Norma Bauer, el asesor jurídico Carlos Repupilli y su esposa y administradora del consorcio, Mariela Calvillo.