Ciudad

Rosario tendrá una empresa constructora estatal: «Viene a llenar la falta de alternativas para acceder a la vivienda»


La iniciativa propone al Palacio de los Leones como un jugador más a la hora de la expansión de Rosario. Juan Monteverde, edil que apoyó el proyecto, definió: "Esto es el municipio haciendo la avenida y diciéndole al privado lo que debería hacer"

El Ejecutivo Municipal y el bloque de Ciudad Futura impulsaron una ordenanza para crear la Empresa de Desarrollo Urbano SAU, con carácter de sociedad anónima unipersonal, cuyo único socio será la Municipalidad de Rosario y se regirá por la ley Nº 19.550.

Se trata de la creación de una urbanizadora pública, que reconfigurará el rol del estado municipal, permitiéndole intervenir directamente en la construcción de ciudad. «Hasta hoy, el municipio sólo tenía facultades para regular un mercado del que no participaba. Con esta nueva herramienta, podrá intervenir de manera ágil para construir alternativas desde un modelo de economía plural donde convivan el sector privado, el estado y la sociedad organizada para satisfacer sus demandas», explicó Juan Monteverde.

Tendrá por objeto la nueva empresa ser operadora de desarrollo y renovación urbana integral, identificar, promover, gestionar, coordinar y ejecutar programas y proyectos integrales referidos al acceso al suelo, a la vivienda, a obras de infraestructura, servicios públicos, transporte público, espacios verdes y equipamiento público

Se precisa que podrá ejecutar obras de infraestructura, espacio público, equipamiento, vivienda y hábitat, por sí o por tercero; asociarse con personas jurídicas públicas o privadas o con personas humanas para ejecutar tales acciones, al igual que promover la oferta de suelo urbano con énfasis en proyectos de viviendas de interés social; adquirir suelo para el desarrollo de proyectos urbanístico; vender, comprar, administrar, construir, alquilar o arrendar inmuebles y brindar asesoría y consultoría para temas de planeamiento.

También podrá gestionar, liderar, ejecutar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras, actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, para una ciudad más inclusiva y sostenible; impulsar loteos para el desarrollo de proyectos de vivienda y desarrollar funciones propias de los bancos de tierras.

La iniciativa llegó al recinto luego de un trabajo conjunto entre distintos bloques y el ejecutivo local, quienes consensuaron en un mismo texto lo que venían trabajando en esta materia. Para explicar el cambio de paradigma que supone tener una Empresa Pública de Desarrollo Urbano y cómo funcionaría en la práctica, Monteverde explicó que: «Esta herramienta permitirá que el Estado lleve adelante desde grandes proyectos de urbanización, hasta pequeñas operaciones de acupuntura urbana. Puede, por ejemplo, desarrollar un proyecto cultural que involucre tres cuadras degradadas del centro. Pero puede también abrir calles en 20 hectáreas rurales, llevar servicios, lotear y expandir así la mancha urbana. O directamente construir alternativas para algo tan básico como el acceso a la vivienda».

Y abundó: «Cuando uno piensa en las alternativas que ofrece el mercado para algo tan básico como el acceso a la vivienda, se da cuenta rápidamente que son prácticamente nulas. Y cuando analizás las políticas con las que cuenta actualmente el Estado, ves que son demasiado lentas, burocráticas e ineficaces. La urbanizadora pública viene a llenar ese vacío, con una herramienta dinámica que le va a permitir al municipio construir viviendas, acelerar las urbanizaciones de barrios populares, intervenir en diferentes sectores de la ciudad. Pensar la ciudad sin ataduras de ningún tipo».

El proyecto no nace en el vacío. Tiene sus antecedentes en Medellín y Bogotá, dos ciudades Latinoamericanas que a través de la conformación de sus Empresas Públicas de Desarrollo Urbano generaron enormes transformaciones sociales y económicas en sus sociedades, convirtiéndose en casos de estudio en todo el mundo.

De esta forma, la iniciativa representa un vuelco en la forma de planificar el desarrollo de Rosario. «No pensamos en un modelo estatista, ni tampoco en un modelo neoliberal: pensamos en un modelo de economía plural donde convivan empresas privadas, el estado, y organizaciones de la sociedad civil. Hoy el municipio depende de que haya interés privado para avanzar en la expansión de la ciudad. Lo que buscamos es que no haya que esperar eso, que se puedan sentar las partes y que el municipio salga beneficiado. Habrá casos en los que el Estado tenga la maquinaria y se ponga a construir. Y otros en los que el Estado contrate los servicios de un privado», manifestó Monteverde.

En la misma línea continuó:: «Durante muchos años nos conformábamos con que los privados nos tiren migajas de sus desarrollos urbanísticos. A cambio de darle indicadores y mayor rentabilidad, nos conformábamos, por ejemplo, con que hicieran una avenida. Acá sería todo lo contrario: el municipio haciendo la avenida y diciéndole al privado lo que debería hacer, teniendo en cuenta la rentabilidad, pero dejándole un beneficio mucho más grande a la ciudad».

Si bien desde Ciudad Futura definen a esta como «una herramienta vital de gobierno», también advierten que «su alcance depende mucho de quien la conduzca políticamente». En este sentido, el edil explicó que se busca que «la empresa tenga la mayor cantidad de posibilidades para que se desarrolle, pero que después quedaría en manos de cada Intendente como se llevará adelante».