La Cámara Federal ordenó este viernes indagar a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó por el presunto nombramiento irregular de fiscales durante su gestión al frente de la Procuración General de la Nación. Así lo decidió el Tribunal al revocar una decisión de primera instancia del juez federal Sebastián Casanello, quien la había sobreseído.
La investigación la había impulsado el fiscal federal Guillermo Marijuan por abuso de autoridad y nombramiento ilegal de un cargo público, en el caso de la designación de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Fue el fiscal que quedó en la mira por la causa de lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez y no fue imputado desde un comienzo.
«Surge de este legajo que al frente de la estructura de la PROCELAC debía estar un fiscal general de la Procuración General de la Nación, cargo éste que al parecer se encontraba vacante desde hacía poco tiempo antes y que habría sido utilizado para integrar el organismo creado», recordaron en su voto los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Los camaristas señalaron que Gonella no era un «fiscal reemplazante» para cubrir el cargo frente a la PROCELAC sino que él se desempeñaba como subrogante fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba.
«De conformidad con lo afirmado por la impugnación, es dable advertir que la resolución de creación de la PROCELAC establecía, entre muchas otras funciones, la facultad de su titular de intervenir como fiscal en los casos que versen sobre hechos de la competencia de las áreas operativas de la Procuraduría, en todas las instancias», explicó la Cámara.
En ese sentido, expusieron los jueces que «no de advierte una atribución similar en las otras resoluciones administrativas anteriores de creación de unidades especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal donde se alude básicamente a funciones de coordinación, asesoramiento y colaboración con los fiscales naturales y en algún caso, a la facultad de recibir denuncias y de realizar investigaciones preliminares».
Por su parte, el tercer camarista, Mariano Llorens, votó en disidencia por mantener el sobreseimiento decretado en primera instancia.