La policía militar brasileña utilizó gas lacrimógeno y pimienta para dispersar la manifestación
Los pueblos originarios de «Levante pela Terra» (Levántate por la Tierra) fueron nuevamente reprimidos hoy por la policía militar de Brasil, cerca del Congreso Nacional en Brasilia, cuando protestaban de forma pacífica en contra un proyecto de ley que amenaza con anular la demarcación de tierras indígenas y viabilizar la apertura de territorios protegidos para la minería.
La policía utilizó gas lacrimógeno y pimienta para dispersar la manifestación frente al edificio donde funciona la Cámara de Diputados, cuya sesión de votación, agendada para hoy, debió ser suspendida a causa de la represión.
Ancianos y niños se encontraban en la protesta que fue reprimida por la Tropa de Choque de la policía militar, que argumentó que los manifestantes les dispararon flechas e indicaron que un agente resultó herido.
Hay informes de niños y ancianos que se sintieron enfermos al inhalar gases lacrimógenos, informó el Consejo Indígena Misionero (Cimi).
“Nuevamente fuimos atacados con irrespeto, como si fuéramos animales, una discriminación muy grande contra los pueblos indígenas”, dijo Dário Vitório Kopenawa, del pueblo Yanomami, informó el medio local Brasil de Fato.
Ante las imágenes publicadas por la Asociación de Pueblos Indígenas Brasileños (Apib) que muestran la brutal represión de la policía disparando a la multitud de manifestantes que intentan huir, el Partido de los Trabajadores alertó a través de Twitter que hay que «frenar el avance del fascismo y el odio en Brasil».
«La policía ataca a los pueblos indígenas con bombas y gas frente a la Cámara. Brasil necesita purgar el fascismo que contamina nuestra sociedad. La movilización popular es fundamental para frenar el avance del fascismo y el odio en Brasil», agregó la publicación.
En la agenda de hoy estaba tratar el proyecto de la ley PL 490, una de las prioridades del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA).
El texto prevé, entre otras medidas, la creación de un marco temporal para delimitar tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas.
Según el texto, aquellas son las que, a la fecha de promulgación de la Constitución del 5 de octubre de 1988, se encontraban habitadas por los pueblos originarios de forma permanente.
El texto agrega, entre las condiciones para reconocerlas como tierras ocupadas, si son utilizadas para actividades productivas; son esenciales para la preservación de los recursos ambientales necesarios para el bienestar; y si son necesarias para la reproducción física y cultural, según los usos, costumbres y tradiciones.
Los críticos argumentan que el texto va más allá de los límites de un reglamento y trata de cambiar los preceptos constitucionales a través del derecho común.
Las entidades vinculadas a los derechos indígenas también afirman que la Constitución funciona de manera retroactiva, lo que salvaguarda los derechos territoriales violados antes de 1988.
En cambio, los defensores del proyecto afirman que solo pretende dar «seguridad jurídica» a los agricultores.
La represión de hoy es la segunda que sufre la movilización indígena.
El jueves pasado, representantes de más de 35 pueblos indígenas se manifestaron frente al edificio de la Fundación Nacional Indígena (Funai), en Brasilia, cuando fueron atacados por la Policía Militar.
En ese entonces, los militares también utilizaron bombas de gas lacrimógeno y gas pimienta y desplegaron el tropa de choque, mientras que los indígenas, en cambio, tiraron flechas y objetos.
Según el medio O Globo, también hoy se registraron actos contra la propuesta en otros estados, como Acre y Alagoas.