El texto en cuestión indica que en el país no existe racismo institucional
Un asesor del primer ministro británico, Boris Johnson, renunció a su cargo, informó el gobierno, un día después de que un informe encargado por el Ejecutivo provocara un alud de críticas al afirmar que en el Reino Unido no existe racismo institucional.
El asesor Samuel Kasumu dejará en mayo su puesto como asesor especial sobre sociedad civil y comunidades, informó una portavoz de la residencia oficial del primer ministro. «Kasumu ha desempeñado un papel increíblemente valioso» y «cualquier sugerencia de que esta decisión (…) está relacionada con el informe de la Comisión sobre Disparidades Raciales y Étnicas (CRED) es totalmente inexacta», dijo la vocera, informó la cadena BBC.
Según el periódico Político, el asesor presentó su dimisión la semana pasada y se lo comunicó a sus colegas el miércoles por la mañana, justo cuando se publicó el polémico informe de la CRED. Kasumu ha estado trabajando para animar a más personas de minorías étnicas a vacunarse contra el coronavirus, y el Ejecutivo acaba de lanzar una nueva campaña de al respecto con algunas de las celebridades negras más conocidas del país.
El impacto desproporcionado de la pandemia en las minorías étnicas es uno de los aspectos a los que se restó importancia en el polémico informe presentado ayer. Este afirmó que aunque el racismo sigue presente en el Reino Unido es cada vez un factor «menos significativo» de desigualdad social.
El documento agregó que el país no es «institucionalmente racista» y que podría «considerarse un modelo para otros países con poblaciones predominantemente blancas». Esta comisión había sido creada por Johnson el año pasado a raíz de las protestas del movimiento «Black Lives Matter», que llevaron al Reino Unido a cuestionarse su pasado colonial, la relación de algunas de sus empresas y personajes históricos con el tráfico de esclavos y el trato dado a las minorías.
El informe provocó indignación y una ola de críticas entre defensores de la igualdad racial, que señalaron las grandes disparidades que sufren las minorías británicas en materia sanidad, educación, empleo o control policial. La principal fuerza de oposición, el Partido Laborista, afirmó que esos indicadores ponen de manifiesto la existencia de un racismo estructural en las instituciones británicas.