El Poder Ejecutivo nacional dictó recientemente los decretos 407/2026, 408/2026 y 409/2026 que regulan las reformas introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802.
Este paquete normativo, publicado en el Boletín Oficial, abarca cuestiones relativas a la flexibilización de pautas documentales y el control de ausentismo por enfermedad, la estructuración financiera de los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y un esquema de condonación de deudas previsionales para incentivar el blanqueo laboral.
Desde el Sindicato de Conductores Navales de Rosario (Siconara) refutaron dichas modificaciones señalando que “es un avance destructivo», sobre el trabajo, la marina mercante y la soberanía nacional.
“Estas medidas junto con el proyecto de derogación de la ley de cabotaje y la marina mercante forman parte de un mismo plan que busca reducir derechos, debilitar a los sindicatos y entregar sectores estratégicos del capital concentrado y a intereses extranjeros», indicaron desde el gremio marítimo local.
Puntualizando la afectación de los decretos al sector, desde Siconara especificaron que el decreto 407/26: habilita la revisión y renegociación de convenios colectivos; promueve acuerdos regionales y diferenciados por actividad ; introduce nuevos criterios de representación sindical; aumenta los controles sobre padrones, afiliaciones y personerías gremiales.
“Esto significa una presión directa sobre los convenios colectivos de trabajo y el ataque a la capacidad de representación y defensa sindical”, dijo el gremio conducido por Fernando Ramírez.
En tanto el 408/2026 crea un sistema de fondos administrados por entidades financieras para pagar indemnizaciones; reduce el costo del despido por el empleador; introduce la lógica financiera de los derechos laborales; abre la puerta a un cambio estructural del sistema indemnizatorio.
En este caso, “puede convertirse en el primer paso hacia una sustitución de régimen actual de indemnizaciones conquistado or décadas de lucha”.
Por último el decreto 409/2026 permite regularizar el empleo no registrado con fuertes beneficios para el empleador; baja las sanciones laborales; Extinción de sanciones penales por infracciones previsionales.
“Se premia al empleador que incumplió la ley y se traslada a el costo de la informalidad al sistema previsional y la seguridad social”, indicó el Siconara Rosario.