El Partido Justicialista emitió un comunicado considerando que la decisión del oficialismo es una "maniobra apresurada e inoportuna"
En una clara defensa del debate democrático y los tiempos institucionales necesarios, el Partido Justicialista de Santa Fe anunció su negativa a acompañar la ley de reforma constitucional impulsada por el Gobierno provincial. La decisión, tomada este lunes en la sede del partido, refleja una postura crítica hacia lo que consideran una maniobra apresurada y poco consensuada por parte del oficialismo.
En un comunicado conjunto, todos los sectores del PJ, excepto el espacio liderado por Omar Perotti, ratificaron su oposición al proyecto y exigieron un plazo de 90 días para analizar la propuesta. Sin embargo, el bloque perottista abrió la puerta a la libertad de acción de sus legisladores, lo que podría facilitar que el oficialismo logre los votos necesarios para aprobar la ley en Diputados.
El comunicado partidario subrayó: «No ha existido el suficiente tiempo para el diálogo institucional que un debate de esta relevancia requiere. Los cambios estructurales deben construirse desde un consenso social amplio y no bajo la presión de un cronograma político».
Uno de los puntos más criticados por el justicialismo es el presunto objetivo del gobernador Pullaro de incluir la reelección en la reforma. Según el comunicado: «Cualquier intento de modificar la Carta Magna debe priorizar las necesidades del pueblo y no los intereses personales de quienes ostentan el poder».
La posibilidad de que legisladores perottistas apoyen la ley tensiona aún más al partido. Desde la conducción del PJ ya advierten sobre posibles medidas disciplinarias: «Será un antes y un después. No se puede usar el partido para acceder a bancas y luego votar contra sus principios».
Un debate que divide y genera sospechas
En reuniones previas, el peronismo planteó al gobierno provincial y a Unidos por el Cambio extender el plazo para el análisis del proyecto. La negativa del oficialismo, que insiste en tratar la ley esta semana, despertó cuestionamientos sobre la transparencia y la legitimidad del proceso.