Por Elva López Mourelo, funcionaria en instituciones del mercado de trabajo inclusivo de la OIT Argentina
Con diez años cumplidos, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 2011, reconoció a quienes se dedican al trabajo doméstico con los mismos derechos que el resto de la fuerza laboral asalariada. Este aniversario invita a reflexionar en qué medida el trabajo decente se ha convertido en una realidad en este sector.
En Argentina, que ratificó la norma en 2014, hay cerca de un millón y medio de trabajadoras. Ellas representan el 22 por ciento del empleo femenino asalariado del país. Tras diez años de esfuerzo por parte de gobiernos y organizaciones de trabajadoras y empleadores, con el acompañamiento de la OIT, cada vez más leyes y políticas cubren a los y las trabajadoras domésticas.
De hecho, la Ley 26.844, sancionada en 2013, igualó muchos derechos del trabajo doméstico con los del sector privado. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, creada en 2015, mantuvo el salario mínimo del sector en niveles similares al salario mínimo vital y móvil. Además, el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares demostró su eficacia para resolver conflictos entre trabajadoras y empleadores del sector.
A pesar de estos avances legales, en Argentina casi el 77 por ciento de las trabajadoras no están registradas, una tasa de informalidad que duplica la del resto de sectores. La mayoría de las trabajadoras no accede a derechos como tener obra social, cobertura por accidente o enfermedad profesional, vacaciones pagas, licencias por maternidad y enfermedad y aguinaldo.
Esta alta informalidad dificulta la aplicación efectiva de la normativa, provocando la desprotección de las trabajadoras domésticas. La pandemia de la Covid-19 puso de manifiesto esta vulnerabilidad: se estima que entre principios de 2020 y 2021 se destruyeron 430 mil puestos de trabajo del sector. La pandemia lleva a preguntar cuán distinto hubiese sido el impacto si un mayor porcentaje de las trabajadoras estuviesen registradas. La transición a la formalidad en el sector es un punto clave.
Mirando a futuro, quienes proveen servicio doméstico tendrán un papel cada vez más importante. Se estima que, a largo plazo, la demanda de trabajo doméstico aumentará debido al envejecimiento de la población y la mayor necesidad de cuidados. Asimismo, la mayor tendencia al teletrabajo introducida por la pandemia implicará cambios significativos en la organización del cuidado por parte de los hogares. Se proyecta así una mayor demanda de atención y cuidado de personas, en contraposición a las tareas más generales.
En este sentido, los programas de formación profesional en cuidados permitirán jerarquizar el trabajo doméstico como parte fundamental de un sistema integral de cuidados, que fortalezca la participación laboral de las mujeres en trabajos de calidad. Así, el sector tiene un enorme potencial para reducir las desigualdades de género, al ofrecer a millones de mujeres un trabajo formal y de calidad.
En todo el mundo, las plataformas digitales del sector se multiplicaron por ocho entre 2010 y 2020, al pasar de 28 a 224. Este fenómeno permite que más hogares accedan a servicios domésticos convenientes y confiables. Asimismo, los y las trabajadoras valoran la posibilidad de elegir cuándo trabajar y hacer seguimiento de las horas trabajadas y de los ingresos obtenidos. Sin embargo, también plantea desafíos, como la inadecuada clasificación de las trabajadoras como independientes, la inestabilidad laboral y la discriminación.
En este escenario, más que cambios normativos, las futuras políticas de Argentina para el trabajo doméstico exigen adoptar estrategias innovadoras y eficaces para el cumplimiento efectivo de las leyes existentes. De este modo será posible alcanzar el tan ansiado objetivo de lograr trabajo decente para los y las trabajadoras domésticas.