Roberto García denunció que el municipio rescindió el contrato de forma irregular y acusó a funcionarios de querer privatizar el espacio
El conflicto por el Almacén de las Tres Ecologías sumó un nuevo capítulo en Rosario. Roberto García, referente del proyecto cooperativo, confirmó que recibieron una cédula municipal firmada por el intendente que formaliza la rescisión del contrato de uso del galpón que ocupaban desde febrero de 2015.
“Lamentablemente recibimos una resolución firmada por el intendente que da por terminado el contrato. La vamos a responder por vía administrativa porque presenta mentiras e incongruencias”, afirmó García en declaraciones a Radio UNR.
El espacio, ubicado en un galpón de la costa central —entre Puerto Norte y avenida Pellegrini— funcionaba como punto de comercialización de productores y cooperativas vinculadas a la economía social. Según el referente, el trasfondo del conflicto es un cambio de orientación política sobre el destino del lugar.
“Primero ejecutaron y después justificaron”
García explicó que la tensión comenzó cuando el municipio avanzó con la instalación del denominado “Mercado del Río”, al que definió como “un patio de comidas”, dentro del mismo edificio.
“Ese espacio estaba destinado a promover economías solidarias, asociativas y cooperativas, no emprendimientos privados con fines de lucro. Desde el primer día que decidieron desvirtuar el objeto del galpón sabíamos que iban a intentar sacarnos”, sostuvo.
Según relató, el 30 de enero funcionarios municipales ingresaron al lugar sin notificación previa, cambiaron la cerradura y tomaron posesión “de facto” del espacio. “Rompieron la cerradura y después inventaron las causas”, denunció.
En la resolución oficial se mencionan supuestas irregularidades edilicias, como problemas eléctricos, falta de agua, desagües deficientes y presencia de roedores. García rechazó esos argumentos.
“El problema eléctrico lo generaron cuando montaron el mercado gastronómico, que consume muchísima energía. El agua falta desde hace veinte años en todo el edificio. Y si hay ratas, entonces deberían cerrar también la cocina municipal y el mercado del río, porque el techo es el mismo”, ironizó.
Además, aseguró que nunca recibieron actas de inspección previas. “Dicen que nos avisaron reiteradas veces. Que muestren las actas. No existen”, afirmó.
Para el referente cooperativo, el accionar vulnera principios institucionales básicos. “Lo que los griegos llamaban el arkhé: el Estado debe actuar conforme a derecho. Acá primero ejecutaron y después buscaron justificar”, expresó.
Un debate político y conceptual
García planteó que el conflicto excede lo administrativo y se inscribe en una discusión más profunda sobre el modelo de ciudad y el lugar de la economía social.
“Hablan de emprendedores, pero meten en la misma bolsa a una señora que vende tortas fritas y a un estudio de diseño. Nosotros hablamos de productores y cooperativas. Esto también es una falta de respeto al movimiento cooperativo”, sostuvo.
Tras la notificación, los integrantes del almacén fueron convocados a una reunión en la Subsecretaría de Economía Social. “Nunca rompemos el diálogo, pero vamos sin expectativas. Nos sentaremos con funcionarios que nos han mentido en la cara”, señaló.
Mientras preparan la respuesta administrativa, el proyecto recibió el respaldo de organizaciones sociales, cooperativas, sindicatos y partidos políticos.
“El contrato se firmó un 11 de febrero de 2015 y nos notificaron la rescisión el mismo día, diez años después. Parece guionado”, concluyó García.