El Consejo Interuniversitario Nacional se reunirá el martes para definir su postura ante las complicaciones económicas generadas por los recortes nacionales
A la espera de una decisión del gobierno nacional sobre la ley de financiamiento universitario, los rectores de universidades de todo el país se preparan para reunirse nuevamente en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Su objetivo principal es establecer una fecha para una nueva marcha en defensa de la educación pública, en un contexto de creciente preocupación por la situación del sistema universitario.
“Es muy probable que definamos una nueva manifestación para los primeros días de octubre. Necesitamos alzar la voz como un grito de auxilio ante las dificultades que enfrenta nuestro sistema universitario. Si no hay cambios, estas dificultades se profundizarán, poniendo en serio riesgo el desarrollo normal de nuestras actividades”, anticipó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en una entrevista en Radio 2.
Bartolacci explicó que la normativa aprobada por el Congreso, destinada a dotar de recursos a las universidades, “resuelve buena parte de los problemas, ya que proporciona previsibilidad presupuestaria mediante una fórmula de actualización bimestral acorde a la inflación. Además, ofrece una respuesta a la angustiante situación salarial de docentes y no docentes universitarios con un incremento mensual basado en la inflación”.
El rector advirtió que el año actual ha sido extremadamente complicado, y que las perspectivas para el próximo año son aún más preocupantes. “Si prospera lo que se plantea en el presupuesto 2025, las dificultades se agudizarán”, indicó.
Respecto a la ley de financiamiento universitario, Bartolacci subrayó que es “absolutamente razonable” y no compromete fiscalmente al Estado. “Solo el 0,14% del PBI debería destinarse para implementar lo establecido en la ley”, argumentó.
Los rectores han sido cautelosos y responsables, conscientes de la delicada situación económica del país. “Nadie pide holgura, pero necesitamos condiciones mínimas para que nuestras universidades puedan funcionar. Cuando enfrentamos dificultades económicas en el hogar, jamás resignaríamos la educación de nuestros hijos porque entendemos su importancia”, agregó Bartolacci.
El rector también lamentó el desvío de recursos hacia áreas no educativas: “Cuando vemos que se duplican los fondos destinados a la SIDE para inteligencia y se elimina el Fondo de Asistencia Educativa, mientras se destinan recursos multimillonarios a la compra de armamentos y se dice que no hay presupuesto para educación, comprendemos que el orden de prioridades está distorsionado”.
Con la marcha en perspectiva, los rectores esperan que su llamado a la defensa de la educación pública sea escuchado y que se tomen decisiones que garanticen un futuro más estable para las universidades argentinas.