Profesionales, instituciones y transportistas se movilizaron en la plaza 25 de Mayo para exigir que el gobierno nacional cumpla con la normativa aprobada por el Congreso y regularice los pagos adeudados
Trabajadores, profesionales e instituciones vinculadas al sector de la discapacidad realizaron este jueves una movilización en el centro de Rosario para reclamar el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad y denunciar demoras en los pagos de prestaciones esenciales.
La concentración se llevó adelante desde las 10.30 en la plaza 25 de Mayo, frente al Palacio Municipal, donde transportistas, terapeutas, familiares e integrantes de organizaciones del sector expresaron su preocupación por la situación que atraviesan los servicios destinados a personas con discapacidad.
Uno de los referentes del reclamo fue Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), quien señaló que el sector atraviesa un escenario crítico. “Estamos muy cansados. Trabajamos todo el año pasado para lograr la ley, pero ahora el gobierno nacional decide no cumplirla”, afirmó.
Según explicó, la normativa fue ratificada por el Congreso luego de que el Senado dejara firme la ley pese al veto presidencial, pero todavía existen demoras en su implementación efectiva. En ese sentido, indicó que los prestadores se encuentran «en una situación límite debido a la falta de pagos».
Bolego también advirtió que desde octubre del año pasado muchos trabajadores del sector —entre ellos transportistas y profesionales terapéuticos— no perciben los ingresos correspondientes por las prestaciones que brindan. “Así es imposible continuar. Estos servicios deben ser garantizados por el Estado para asegurar el derecho de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida”, sostuvo.
La ley de emergencia en discapacidad, aprobada en el Congreso en 2025, contempla la actualización de aranceles para los prestadores, el pago de deudas acumuladas y cambios en el sistema de pensiones no contributivas vinculadas al sector.
Tras meses de demora, el gobierno nacional reglamentó la normativa a principios de febrero luego de una orden judicial. En ese marco también se dispuso la creación de una Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud, que reemplaza a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Desde las organizaciones señalaron que la movilización busca visibilizar la crisis que atraviesan los servicios y advertir sobre las consecuencias que puede tener la falta de financiamiento. Según indicaron, muchos prestadores se encuentran endeudados y algunos centros ya debieron cerrar o evalúan suspender sus actividades.
“El problema es grave. Hay instituciones que no saben si podrán seguir funcionando y otras que directamente no van a poder abrir en los próximos meses”, concluyó Bolego durante la protesta.