El año que viene deben renovarse las máximas autoridades del MPA: la fiscalía general y las cinco fiscalías regionales. Juntan firmas para que se cumpla la Ley de Paridad
A través de un comunicado, funcionarias y trabajadoras del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que reúne y dirige el trabajo de los fiscales de toda la provincia, reclaman la aplicación de la paridad de género hacia el interior de este órgano judicial independiente. Especialmente, en los cargos de decisión.
Destacan que en Santa Fe “se sancionó en el año 2020 la Ley Nro 14.002 que obliga a cubrir los cargos del Poder Judicial garantizando paridad de género, cumpliendo de esta manera con la obligación estatal de remover obstáculos en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos que se deriva de instrumentos y recomendaciones internacionales”.
“Es indispensable el acceso de mujeres especialmente capacitadas y sensibilizadas en materia de género y violencias contra las mujeres y disidencias”, reclaman. Las trabajadoras judiciales juntan firmas en este formulario al que se puede acceder haciendo click. Hasta el momento recaudaron 300 firmas de aval y la adhesión de la Asociación de Fiscales y Funcionaries del MPA, Rectorado Universidad Nacional de Rosario, Inecip, Insgenar, Indeso Mujer y el Colectivo Ni Una Menos Rosario.
Cabe destacar que en los cargos de decisión actuales en el Ministerio Público de la Acusación son casi todos varones. El fiscal general es Jorge Baclini. Los cuatro fiscales regionales son Carlos Arietti, Matías Merlo, Rubén Martínez y Diego Vigo. Hay una sola mujer que reemplaza al destituido ex fiscal de Rosario, Patricio Serjal, la fiscal María Eugenia Iribarren.
EL DOCUMENTO COMPLETO
“Es momento que las mujeres dirijan el MPA de Santa Fe”
Desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se renovaron por concurso en dos oportunidades las máximas autoridades del MPA, siendo ocupados la totalidad de los cargos gerenciales de la institución – fiscal general y 5 fiscalías regionales – a cargo de hombres.
En la Provincia se sancionó en el año 2020 la ley Nro 14.002 que obliga a cubrir los cargos del Poder Judicial garantizando paridad de género, cumpliendo de esta manera con la obligación estatal de remover obstáculos en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos que se deriva de instrumentos y recomendaciones internacionales.
En el año 2015, el Comité de CEDAW en la Recomendación General Nº 33 sostuvo que el acceso a la justicia de las mujeres es esencial para la realización de todos los derechos protegidos por la Convención y para garantizar este derecho es necesaria la participación en pie de igualdad de las mujeres en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley. El Comité entiende que el derecho de acceso a la justicia debe garantizarse no solo a las mujeres víctimas de discriminación o violencias, sino que también comprende la participación de las mismas en forma igualitaria en los cargos de administración de justicia, en todos sus niveles. Del mismo modo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha exhortado a los Estados a que “se comprometan a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y varones en (…) la judicatura” y a adoptar “medidas positivas en favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública”.
Es indispensable el acceso de mujeres especialmente capacitadas y sensibilizadas en materia de género y violencias contra las mujeres y disidencias. Es decir que este acceso a la justicia paritario a los fines de garantizar una efectiva protección a los derechos de las mujeres, se conforma además con la acreditación de esa idoneidad específica la que no sólo se traduce en conocer tratados internacionales y leyes, sino en poder demostrar una trayectoria de compromiso social y de intervenciones respetuosas de los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBI en su experiencia profesional y formación.
La perspectiva de género tiene una importancia central para los cargos de decisión del MPA. La persona designada para ocupar el cargo de la Fiscalía General tendrá a su cargo la dirección y organización de todas las fiscalías de la Región, mientras que quienes estén a cargo de las Fiscalías Regionales tendrán como una de sus principales tareas diseñar la política criminal y el plan de persecución penal que se debe ejecutar en los próximos 6 años. Sus decisiones determinarán el efectivo acceso a la justicia y la gestión de los intereses de las víctimas en los procesos judiciales.
Las bases de los concursos deben realizarse con perspectiva de género, lo que implica, que los antecedentes objetivos deben considerarse teniendo en cuenta las desigualdades, aún existentes, en los roles de cuidados entre las mujeres y hombres; en las instancias de evaluaciones debe incorporarse la perspectiva de género de manera transversal, considerándose no sólo la formación teórica sino fundamentalmente que se ponga especial énfasis en trayectoria de intervención y compromiso con la temática de género y con la participación de la sociedad civil en los procesos de selección por ser indispensable para que avancemos hacia un poder judicial más democrático y transparente. Dicha idoneidad, compromiso y formación debe exigirse también para quienes compongan el tribunal evaluador, que sean personas con trayectoria en la temática de género además que este compuesto tanto por mujeres como por hombres.
Por lo expuesto, solicitamos al Señor Gobernador que en cumplimiento de la Constitución y la ley provincial se designen a MUJERES en los cargos de decisión del MPA”.