El requerimiento es del diputado Carlos del Frade, del Frente Amplio por la soberanía
Los efectos nocivos por los agrotóxicos y el cuidado de los ecosistemas y del mundo de la fauna y la flora en la provincia de Santa Fe es una tema de que evidentemente sigue sin resolverse y que preocupa a vastos sectores políticos y sociales.
Aún más, la problemática volvió a ser agenda luego de conocerse –hace unos día atrás– que un grupo de cazadores provenientes de Estados Unidos mataron a decenas de aves autóctonas en Santa Fe. Se trata de patos de collar y cuturíes, que habitan en la localidad de San Javier y que están protegidos por una ley en la Argentina. El hecho fue denunciado por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), que pidió un castigo ejemplar.
A dicho reclamo se sumó el diputado Carlos del Frade que ingresó una iniciativa en la Cámara de Diputados provincial interpelando al gobierno santafesino para conocer “qué medidas se tomarán” contra los ciudadanos norteamericanos.
Además, el proyecto agrega el pedido de informe sobre “cuántas infracciones”, a la ley de fitosanitarios, la 11.273 del año 1995, “se iniciaron en los últimos cinco años”, y además se especifique “quiénes son los responsables de aplicar los alcances de esa norma”.
En este último punto Del Frade reclama se responda sobre: «Cantidad de expedientes por infracción a la ley 11.273, iniciados en los últimos 5 años; Artículos de la citada ley que no fueron respetados; Departamento y localidad de la provincia a los que corresponden; Estado en el que se encuentra cada caso. Personas encargadas de controlar el cumplimiento que la ley de fitosanitarios».
A paso seguido el legislador del Frente Amplio por la Soberanía señaló en tono de queja que la llamada ley de fitosanitarios “tiene una aplicación irregular en el territorio provincial”.
Argumentando su planteo, Del Frade expuso que en Argentina se aplican alrededor de 600 millones de litros de agrotóxicos por año. “Un porcentaje muy alto de todo ese volumen, se esparce en nuestra provincia, pulverizando diversos cultivos como, soja, maíz, trigo, algodón, etc., como así también las producciones en los cinturones frutihortícolas”.
En ese aspecto, expresó: “Son conocidos los múltiples impactos que ocasionan estos venenos en la salud de la población y en los territorios, contaminando aire, suelos, aguas y alimentos”.
Como consecuencia, “vecinas y vecinos de innumerables pueblos y ciudades (desde hace años) padecen el atropello del modelo de producción impuesto y profundizado desde hace casi tres décadas. Se multiplican las denuncias por fumigaciones en las cercanías de los cascos urbanos y escuelas rurales”, agregó el legislador.
Ante tal contexto, Del Frade entiende que el pueblo santafesino “tiene derecho a conocer, si quienes les arruinan la vida perciben algún tipo de sanción”.
Sobre los mecanismos que lleva adelante el Gobierno para “garantizar una eficiente supervisión, y quiénes son las personas encargadas de dicha tarea”, requirió el diputado del Frente Amplio por la Soberanía.
Por último Del Frade indicó que el estado santafesino “tiene la obligación de controlar, hacer cumplir las leyes y sancionar a quienes las violen”.