Tres asociaciones de abogados indígenas de Argentina presentaron ante la ONU una «acción urgente» en reclamo de la excarcelación de los militantes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro González.
Las asociaciones de Mujeres Abogadas Indígenas (Amai), de Juristas Indígenas (Cjira) y de abogados Derecho Indígena (AADI) hicieron la presentación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, informó hoy en Twitter Juan Gasparini, periodista argentino de investigación radicado en Ginebra, Suiza.
Los dos jóvenes mapuches fueron detenidos el 25 de noviembre de 2017 tras bajar de un cerro el cuerpo de Rafael Nahuel, mortalmente herido de bala durante un operativo de Prefectura para desalojar a la comunidad Lafken Winkul Mapu de un predio en Villa Mascardi, cerca de Bariloche.
El escrito de los letrados deploró que la Cámara de Casación penal argentina revocara, el 15 de mayo último, la excarcelación otorgada por un juez federal de Bariloche a ambos detenidos cuatro días después del hecho, dijeron a Télam fuentes de la AADI.
Además, apuntó que los dos «comuneros mapuches» son perseguidos por supuestamente «pertenecer a un grupo violento/beligerante, que no acatan el orden constitucional, asimilables a conductas descriptas para caracterizarlos como terroristas», en similitud con perfiles de «subversivos» víctimas del genocidio de la dictadura de 1976-1983.
Los abogados pidieron también que la ONU «urja al Estado Argentino prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas contra el pueblo mapuche» y que «garantice el derecho de todos sus miembros a la igualdad ante la ley».
En paralelo, fue presentada una medida cautelar en favor de Facundo Jones Huala -hermano de Fausto- ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El lonko de la lof (comunidad) en Resistencia de Cushamen (Chubut) está encarcelado en el penal de Esquel, con prisión preventiva, a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie sobre el recurrido fallo de extradición a Chile.
Su abogada, Sonia Ivanoff, y la Comisión Mapuche de Derechos Humanos pidieron a la CIDH medidas cautelares «para salvaguardar sus derechos políticos (…) estrechamente vinculados a sus derechos a la vida e integridad de él y de su comunidad».
La solicitud de medidas urgentes comprende el pedido de liberación de Facundo Jones «en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 3 de agosto de 2017 declaró nulo un informe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut, el mismo que dio origen a la actual prisión preventiva que sufre el lonko, al haber sido elaborado sobre la base de torturas a un comunero mapuche».