La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo del ex comandante mayor de la Gendarmería Nacional Jorge Mariani, quien había pedido la prescripción por violación de la garantía a ser juzgado en un “plazo razonable” en una causa por un desalojo de mapuches en la zona de Vaca Muerta en 2017.

Los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone desestimaron el planteo en un expediente en el que también están imputados la ex ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich, y su ex jefe de Gabinete, Pablo Nocetti.

Se trata del expediente sobre supuesto “abuso de autoridad y eventual privación ilegal de la libertad” por un allanamiento sin orden judicial realizado en 2017 en un asentamiento mapuche en Campo Maripe, en la provincia de Neuquén.

Mariani había formulado un planteo de “prescripción e insubsistencia de la acción penal por afectación del plazo razonable”, que ya había sido rechazado por la Cámara Federal de General Roca el 24 de junio pasado, y por el juzgado federal número dos de Neuquén un mes antes.

“La parte recurrente no logra refutar de forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad. La decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos”, ratificaron los camaristas.

Además de Mariani, Bullrich y Nocetti, en la causa también están bajo investigación  el comandante principal Carlos Ariel San Emeterio y el comandante de la Región V Luis Héctor Lagger.

Todos fueron ya indagados por el juez Gustavo Villanueva a fines de agosto pasado, pero la situación procesal aún no se definió porque pidieron “evacuación de citas” (medidas de prueba) que aún están en curso.

Todos están imputados por los hechos ocurridos el 21 de junio de 2017 en la comunidad mapuche Campo Maripe. Según explicaron los integrantes del colectivo de pueblos originarios, “alrededor de las 9 de la mañana ingresaron más de 80 gendarmes armados al territorio del Lof Campo Maripe”.

“Sin consulta, ni autorización, cortaron los ingresos y los caminos internos. Este procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial, llevo a la alerta de todas las familias del lof”, añadieron.

“El jefe de operativo nunca evidenció la orden de desalojo, ni allanamiento. Posteriormente reafirmó su acción en ‘órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación’, comandado por Patricia Bullrich”, resumió la denuncia.

La querella está en cabeza de dos presuntas damnificadas,  Olga Mabel Campo y Lorena Noemí Bravo, representadas por el Defensor Público de Víctimas de la provincia de Neuquén, Pedro Pugliese.