El fiscal Miguel Moreno señaló que al menos siete empresas constructoras fueron obligadas a contratar los servicios de Vanefra, la firma de Bracamonte, bajo amenazas o recomendaciones del gremio de la construcción
La Justicia provincial continuará investigando al jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, por lavado de activos, luego de que el camarista Daniel Acosta revocara este miércoles el fallo de primera instancia que había decidido que el caso era competencia de la Justicia federal. Bracamonte fue imputado por lavado y extorsiones en diciembre pasado junto con jerarcas de la sede regional del gremio Uocra, y seguirá el proceso en libertad con restricciones.
El juez de primera instancia, Facundo Becerra, había decidido hace seis meses que la causa correspondía a la Justicia federal, pero Acosta, al analizar la resolución apelada, determinó que el caso por lavado de activos seguirá en el fuero provincial. El jerarca de la Uocra, Carlos Vergara, continuará detenido por delitos de extorsión y asociación ilícita.
La fiscalía acusó a Bracamonte y a su socio, Fernando Rigiracciolo, de utilizar la firma Vanefra SRL (luego ATE Servicios Integrales SRL) como un «vehículo e instrumento» para el negocio de la prestación de servicios a empresas constructoras en Rosario, impuesto mediante extorsiones y acuerdos con dirigentes de Uocra. Según la Fiscalía, la sociedad Bracamonte-Uocra detentaba el monopolio de la contratación de servicios de obra, como viandas y baños químicos.
El fiscal Miguel Moreno señaló que al menos siete empresas constructoras fueron obligadas a contratar los servicios de Vanefra bajo amenazas o recomendaciones del gremio de la construcción. Además, se destacó que tanto Bracamonte como Rigiracciolo experimentaron un «rotundo cambio de estilo de vida», pasando de vivir en un departamento modesto a residir en barrios privados y adquirir bienes de lujo.
La imputación por lavado de activos es una continuación de la investigación de 2020, donde Bracamonte fue imputado por la colocación de bienes a nombre de familiares y allegados, así como por la compra de bienes a nombre de las sociedades que creó o adquirió entre 2017 y 2019. La fiscalía mencionó que el patrimonio de Bracamonte, estimado en más de 38 millones de pesos, proviene de «presuntos ilícitos penales» como amenazas, extorsiones y maniobras defraudatorias.