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Rechazar los derechos de los pueblos originarios «no es un problema privativo de estas comunidades»


La experimentada académica y militante, Claudia Gotta analizó la postura del gobierno nacional, que rechazó reforzar la defensa de los derechos indígenas

Días atrás Argentina, a través de su nuevo Canciller Gerardo Werthein y un refuerzo de una política exterior conservadoras, fue el único país que votó en contra de la defensa de los derechos de los pueblos originarios en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, no es el primer golpe del gobierno nacional sobre estas poblaciones: “Todo su mega DNU es la legalización del despojo total de sus tierras”, sostuvo Claudia Andrea Gotta, historiadora especializada en la América prehispánica, con casi 40 años de trabajo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, educadora ambiental, creadora y asesora académica del Programa Intercultural para Estudiantes de Pueblos Originarios de la UNR y exsecretaria nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh). 

Ya jubilada, Gotta no puede abandonar su lucha epistémica y no se vio sorprendida por la postura argentina ante los derechos de los pueblos originarios. “Es coherente con todos los posicionamientos y medidas políticas del gobierno actual, entre ellas haber expulsado a la canciller Diana Mondino por apoyar a Cuba”, expresó la historiadora en diálogo con CLG. 

El voto en contra se da sobre un documento impulsado por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela que refuerza el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias en áreas como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas. Para la historiadora, Werthein iba a seguir las directrices del gobierno de Javier Milei y no falló. 

Además de la no sorpresa, Gotta se “indignó” porque no se respetan los derechos de los habitantes ancestrales de los territorios de todo el mundo, pero particularmente los de América Latina y Argentina. “Conozco muy de cerca sus derechos y a pesar de existir corpus legales, declaraciones, convenios y tratados que nuestro país acompaña y firmó, no se respetan”, reconoció. 

La oposición abierta, siendo la única, “realmente deja muy mal parado en el escenario global”, agregó la historiadora. 

El avance sobre los pueblos originarios ya no es solamente desalojo, asesinato, persecución o migraciones obligadas transformándose en refugiados ambientales. En la actualidad se hace especial énfasis en el extractivismo. En el país la megaminería y la explotación del litio, y en la región la destrucción de los humedales, es el claro ejemplo de un perjuicio para el territorio, el medioambiente, las comunidades y las sociedades nativas. “Se transforman en lugares para el mercado y el capital, siendo zonas de sacrificios o de biocidio. No va a ser un problema solamente de los indígenas, que es la lectura equívoca que tiene la opinión pública general», remarcó la especialista. 

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del gobierno nacional, el famoso Mega DNU de Milei, explicó Gotta, “implica la entrega de los territorios al servicio de las grandes multinacionales y eso en última instancia afecta a los pueblos indígenas”. 

“Si algún reservorio sigue en pie es por la gran coherencia que tienen los pueblos originarios en sus cosmovisiones respecto a la defensa de todas las vidas”, subrayó la historiadora. Las comunidades resistentes tienen en claro que, si entregan la vida de sus ecosistemas, los mayores perjudicados son ellos. “Si se enferma el monte, el río, la laguna, ellos también se van a enfermar y van a morir, así lo entiende”, graficó. 

Los derechos de las comunidades originarias es una “lucha epistémica” del lado de los nativos y “política-económica” desde la concepción del gobierno nacional, aunque Gotta remarcó: “Esto no es un problema privativo de los pueblos indígenas. En la entrega de sus territorios se va nuestra vida también”. 

El rol del Estado

Según el relevamiento oficial, en Argentina existen entre 38 y 50 pueblos originarios, cada uno con sus propias lenguas, territorios, prácticas culturales y creencias, pero “no son respetadas por un Estado-Nación, que es condicionado por un neoliberalismo cada vez más feroz”. 

“Las decisiones que toma se debe a presiones globales”, sentenció Gotta y puso de ejemplo la Ley 26.160, aprobada en 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, que ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) a otorgarle personería jurídica a cada comunidad y detener o impedir cualquier desalojo, entre otros puntos. La norma fue prorrogada en 2009, 2013, 2017 y 2021, sin embargo, las últimas dos fueron luego de una militancia y reclamo contundente de los integrantes de pueblos originarios. 

La ex Apdh contó que “en el 2017, en el marco del gobierno de Macri, nos costó muchísimo conseguir la prórroga. Se hizo una campaña de envío de mail a diputados, de planteamientos en escenarios públicos abiertos o cerrados”. El macrismo, según confió la académica, quería ingresar a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), una entidad que se presenta como patrocinadora de la igualdad económica, pero “apoya el neoextractivismo a través de multinacionales y son los pueblos originarios los únicos que resisten”. A pesar de no mostrar esfuerzos, el macrismo finalmente cedió y el Congreso aprobó la prórroga. Mientras tanto, aún aspira a anotarse en la Ocde. En 2021, los pedidos no tuvieron el mismo resultado y la Ley fue extendida por Decreto de Necesidad y Urgencia bajo el gobierno de Alberto Fernández, perdiendo fuerza para una próxima prórroga. 

Argentina, a través de la reforma de la Constitución en 1994, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios antes de la conformación del Estado-Nación. Con este punto de partida, “se debe tener en cuenta los derechos en un arco complejo y variopinto, sean culturales, económicos, espirituales, religiosos o de cosmovisión”, explicó Gotta. La Carta Magna argentina señala la necesidad de una educación intercultural bilingüe, de respeto culturales entre pueblos y de sus territorialidades, entre otros.