Casación consideró que "la defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado"
La Cámara de Casación rechazó la recusación del presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y de su representante legal, Jaime Kleidermacher, contra los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico por «temor de parcialidad» en la causa en la que se investiga el frustrado acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri para una quita de más del 90 por ciento en la deuda con el Estado.
Los directivos de Correo Argentino S.A. -controlada por SOCMA, la empresa de la familia Macri- cuestionaron la imparcialidad de Farah porque fue uno de los jueces que denunció supuestas presiones para su salida de la Cámara Federal después de haber firmado las excarcelaciones de Cristóbal López y Fabián De Sousa en marzo de 2018.
A Boico, en tanto, lo cuestionaron porque antes de ser designado como camarista fue abogado de ex funcionarios kirchneristas, entre ellos la propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La Casación, en un fallo unipersonal del juez Javier Carbajo, ratificó el rechazo a la recusación porque «más allá de la señalada disparidad entre la pretensión incoada y la decisión en jaque, la defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado».
El fallo descarta «la argüida afectación de las garantías del bloque constitucional mencionadas» por Cibils Robirosa y Kleidermacher.
Farah y Boico quedaron así ratificados como integrantes de la Cámara que deberá revisar las decisiones del juez de primera instancia Ariel Lijo, quien aún tiene pendiente resolver la situación procesal de ambos directivos de Correo Argentino S.A., así como las del ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa.
Los cuatro están acusados por el acuerdo al que habían arribado el gobierno –por entonces a cargo de Macri- y la empresa para superar la etapa de convocatoria de acreedores mediante una cancelación de deuda que incluía una quita superior al 90 por ciento, según determinaron peritajes ordenados por el juez.