El Centro Cultural La Toma funciona desde hace 17 años en un edificio ubicado en Tucumán 1349 luego de que cerrara el supermercado que allí funcionaba. Actualmente, aloja a 50 organizaciones populares. Hace algunas semanas, se enteraron de que Servicio Depósito Sociedad Anónima (Sedesa) comenzaron una causa para el desalojo reclamando una hipoteca. CLG dialogó con Carlos Ghioldi, director del establecimiento para que explique la situación.
Posted by Centro Cultural de La Toma on Thursday, August 9, 2018
«Luego de 17 años de lucha y dos leyes de expropiación votadas de manera unánime en la legislatura, ha aparecido en la discusión un fondo de recaudación residual que terminó heredando una hipoteca de hace 24 años, Servicio Depósito Sociedad Anónima (Sedesa). Rompió toda negociación para terminar solucionando este largo litigio e inició una nueva causa judicial buscando el desalojo de los trabajadores», relató Ghioldi.
Hace un tiempo, desde Sedasa «no contestaron más a una propuesta oficial hecha por el gobernador de la provincia de Santa Fe». Lo siguiente que supieron los trabajadores fue que «iniciaron una nueva acción judicial porque aparecieron peritos queriendo hacer una tasación«.
ASAMBLEA PÚBLICA EN DEFENSA DE LA TOMALunes 13 de Agosto – 18.30 hs en Tucumán 1349*Hace 17 años, luego de un…
Posted by Centro Cultural de La Toma on Tuesday, July 24, 2018
El director de La Toma asegura: «Ante estas circunstancias asoma el fantasma de la ejecución del desalojo, por lo que nosotros nos convocamos en una asamblea para movilizar a la población». Se refiere a la reunión pactada para este lunes 13 de agosto en el edificio del Centro Cultural a las 18:30. Allí se presentará un informe sobre la situación y un pan de acción, para esto requieren el acompañamiento y participación de la mayor cantidad de gente y organizaciones posibles.
Por último y para contextualizar la gravedad de la situación, Ghioldi describió brevemente el lugar: «Una cooperativa de trabajo de los viejos trabajadores de los supermecados Tigre y Supercop lo pusimos al servicio de 50 organizaciones populares, de políticas activas de los sectores del Estado de inclusión social, así como también la Universidad de Rosario, la Facultad de Humanidades y Arte, sindicatos, cooperativas de trabajo, organizaciones defensores de los derechos humanos y demás».