La directora de la Regional Rosario, Rita Colli, explicó que “agotada la instancia administrativa” el conflicto deberá resolverse en la Justicia
El conflicto entre la empresa Razzini y el sindicato de Camioneros de Rosario tuvo la intervención del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, por pedido expreso de ambas partes. Desde la cartera de trabajo advirtieron que frente a la falta de acuerdo “se dio por agotada la vía administrativa”, por lo que la resolución será en la Justicia.
La directora de la Regional Rosario, Rita Colli, aclaró que “buena parte del conflicto se originó en el encuadramiento sindical de los trabajadores” y que esa facultad no está delegada a las provincias, sino que pertenece exclusivamente al Ministerio de Trabajo de la Nación. “No tenemos competencia para intervenir en ese tema”, explicó.
Por otra parte, la funcionaria indicó que la empresa denunció “bloqueo y coacción por parte de camioneros”, lo que motivó la realización de dos audiencias en las que no se arribó a ningún acuerdo y que “ambas partes solicitaron el archivo de las actuaciones”. También hubo una denuncia del gremio por “práctica antisindical” y suspensión de trabajadores.
Esta situación derivó en el despido de 10 trabajadores de Razzini Materiales y 8 de Razzini Industrial, aunque se encontraba vigente el DNU del Poder Ejecutivo nacional que lo prohíbe en el marco de la pandemia del Covid -19.
Finalmente, la titular de la Regional Rosario manifestó que el 22 de julio se llevó a cabo la última audiencia y que frente a la falta de acuerdo “se dio por agotada la vía administrativa”.
“Nosotros intervenimos cuando se vio alterada la situación laboral de un grupo de trabajadores con el objetivo de restaurar el vínculo laboral. Una vez que se agotan todas las instancias de conciliación, las partes desisten de la vía administrativa y pasan al ámbito judicial”, apuntó Colli sobre el desenlace.
Trabajadores de Razzini piden ser escuchados
«Consideramos que deben garantizar y velar por nuestros derechos», comenzó el texto firmado por más de 23 trabajadores de la firma en conflicto. En el mismo apuntan contra el Sindicato de Camioneros y sostienen que aplican «boicot» contra la empresa.
El comunicado asegura que «esta situación de hostigamiento y amenazas ha llevado al Grupo a comenzar un proceso de liquidación, con el riesgo de dejarnos a decenas de personas desempleadas».
«Solo queremos trabajar y conservar nuestra fuente de ingreso. Ya somos vapuleados por la crisis constante que sufre el país, intensificada por la pandemia y aniquilados por este sistema corrupto”, sentencia el texto.
“Nuestras armas son el respeto, la responsabilidad y el compromiso ante nuestra labor, muy distintas a las que nos quieren imponer, como el amedrentamiento, la amenaza, la violencia y el hostigamiento”, concluyen.
