Gremios y organizaciones de jubilados advierten sobre reducción de prestaciones y pérdida de cápitas, mientras la conducción nacional desmiente cierres y niega un proyecto inmobiliario en los policlínicos.
La situación de los policlínicos Pami I y II de Rosario volvió a quedar en el centro de la polémica tras las denuncias de gremios y organizaciones de jubilados, que alertan sobre un proceso de desguace, recorte de prestaciones y posible cierre de servicios de mediana y alta complejidad. Desde la conducción nacional del organismo, en cambio, aseguran que se trata solo de “rumores” y garantizan la continuidad de la atención.
El conflicto impacta directamente en alrededor de 60 mil afiliados que se atienden en ambos efectores propios de Pami en la ciudad, dentro de un universo total de casi 280 mil jubilados y pensionados. La preocupación creció en las últimas semanas y llegó incluso al Concejo Municipal, donde ediles expresaron su respaldo a los reclamos de trabajadores y pacientes.
Desde los sectores gremiales sostienen que se vienen produciendo recortes progresivos, con una reducción de cerca de 3 mil cápitas, cambios en la entrega de pañales, modificaciones en la cobertura de medicamentos y demoras en la provisión de insumos esenciales. También advierten sobre una posible baja del nivel de complejidad de atención, lo que obligaría a derivar pacientes al sistema privado.
En ese marco, surgieron versiones sobre el cierre de sectores del Pami I y la eventual venta del Anexo de Sarmiento al 400 para un desarrollo inmobiliario, hipótesis que fue rechazada de plano por las autoridades nacionales del organismo.
Desde Pami aseguraron que no hay cierres previstos, que los medicamentos oncológicos mantienen cobertura total y que las demoras responden a procesos administrativos. También afirmaron que se realizaron obras de infraestructura en ambos policlínicos y que no existe ningún plan de venta de inmuebles.
Sin embargo, desde gremios como la Unión de Trabajadores Independientes y el Frente de Jubilados en Lucha denunciaron un “vaciamiento silencioso” y aseguraron que el objetivo es reducir la atención a prácticas ambulatorias, eliminando servicios críticos como terapia intensiva y unidad coronaria.
La tensión se expresó recientemente en una manifestación frente al Anexo de Sarmiento, donde trabajadores y jubilados reclamaron garantías sobre la continuidad del sistema de salud propio de Pami en Rosario. Desde el Concejo Municipal, concejales del justicialismo advirtieron que cualquier recorte en Pami terminará recargando al sistema público municipal y provincial.
Mientras las desmentidas oficiales y las denuncias se cruzan, la incertidumbre persiste entre los afiliados, que temen perder derechos históricos en un contexto económico cada vez más adverso. La conflictividad, lejos de disiparse, promete seguir escalando en los próximos meses.