El gobernador Miguel Lifschitz brindó este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en la que abordó las políticas públicas implementadas por la provincia en el complejo contexto social del país, como así también, el impacto de las mismas en la economía santafesina.
“El objeto de esta presentación es contar brevemente, cómo estamos enfrentando desde el gobierno provincial la crítica situación social y económica por la que está atravesando el país, que se refleja claramente en todos los indicadores sociales en nuestra provincia y, especialmente, en los grandes conglomerados urbanos”, comenzó Lifschitz.
“La situación crítica no comenzó a partir de las Paso, como intenta hacernos creer el gobierno nacional, sino, por lo menos, dos años atrás, cuando empezamos a advertir un lento deterioro de las condiciones económicas y sociales con impacto sobre los sectores más vulnerables. Empezamos a ver cómo crecía la demanda sobre el sistema público de salud en la provincia frente a la crisis de los sistemas privados de prestaciones, de obras sociales y también la caída de las prestaciones del Pami; cómo crecía la cantidad de chicos que solicitaban ser atendidos en los comedores escolares en todo el territorio provincial; cómo las instituciones sociales pedían ampliación de partidas para atender la crítica situación de los comedores comunitarios en muchísimas ciudades de la provincia; cómo los clubes entraban en situación de crisis frente al aumento de las tarifas y necesitaban cada vez más apoyo del Estado”.
“Especialmente el año pasado, empezamos a advertir cómo el gobierno nacional retaceaba los fondos que históricamente, durante gobierno anteriores e incluso durante el actual gobierno, enviaban a las provincias para apoyar el gasto social en educación, en desarrollo social, en salud pública. Y esto se agudizó a fines del año pasado con la decisión del gobierno de eliminar la cobertura de la tarifa social eléctrica, lo cual representó para la provincia de Santa Fe una suma de 1.300 millones de pesos adicionales, que ya incluimos en el Presupuesto de este año; la eliminación de subsidios al transporte urbano e interurbano, que significó otros 1.500 millones de pesos, refuerzo que el gobierno de la provincia tuvo que asumir en este Presupuesto; la eliminación de los aportes y de la cobertura para distintos tipos de servicio de alto costo en materia de salud, por ejemplo el traslado de personas discapacitadas, los tratamientos de diálisis, las drogas oncológicas y otras de alto costo para tratamientos específicos, todo lo cual representó también un refuerzo para este año de más de 500 millones de pesos en el sistema de salud; el congelamiento del aporte, desde hace bastante tiempo, para los comedores escolares, lo cual hace que en la actualidad estemos invirtiendo más de 5.000 millones de pesos de los recursos de la provincia para sostener todo el sistema de copas de leche y comedores escolares, y de eso recibamos solamente el 2% de aportes nacionales”.
Además, sostuvo que “en la última devaluación y las últimas medidas anunciadas en materia tributaria por el gobierno nacional han puesto en situación de crisis o a profundizar la crisis para todos los sectores de la sociedad pero también a perjudicar las finanzas de los gobiernos provinciales y municipales”.
“Las medidas tributarias representan casi 4 mil millones de pesos menos en estos casi cuatro meses para el gobierno provincial por la elevación de los pisos de ganancias y por la eliminación del IVA en los alimentos, y también la devaluación que ha elevado los índices inflacionarios, lo que tiene un enorme impacto sobre los costos que debe afrontar la provincia: insumos médicos, costos salariales, los insumos de la obrar pública, entre otros”.
“Desde el año pasado tomamos la política de priorizar el gasto social, la inversión social. Entendemos que en esa coyuntura tan compleja, desde el punto de vista económico y social como la que estamos atravesando, es indispensable que el gobierno de la provincia de Santa Fe pueda garantizar y ampliar la cobertura en materia social en la áreas que tengan que ver con la atención de las necesidades básicas de los santafesinos”, resaltó Lifschitz.
“Por eso, en el transcurso de este año hemos dispuesto más allá de lo que ya preveía el presupuesto 2019, que era un aumento de un 30% en todas las partidas del 2018, ampliaciones o aumentos especialmente en las áreas sociales: en Educación, en los comedores y copas de leches escolares; en el Plan Abre, todo lo que tiene que ver con el Nueva Oportunidad y en las intervenciones en los barrios más vulnerables; en Desarrollo Social, sobre todo lo que tiene que ver con minoridad, con todas las políticas de niñez y la atención a más de 1.300 instituciones sociales y comunitarias a las cuales subvencionamos para sostener programas alimentarios o de contención social; en Salud, tal vez una de las más afectadas, por un lado por el incremento vertiginoso de los costos e insumos que aumentan muy por arriba de los índices inflacionarios, especialmente los medicamentos, la tecnología y las prácticas médicas, sumado al aumento de la demanda, al día de hoy casi el 70% de la población santafesina se atiende de manera permanente o esporádica en el sistema público de salud, cosa que ocurre en Rosario, en el Gran Rosario, en Santa Fe o el Gran Santa Fe”.
Sobre la situación en Salud, Lifschitz expresó que “en Rosario tenemos 2.000 nuevos usuarios por semana y algo parecido, en menor proporción, aquí en Santa Fe. Esto nos pone en una situación de muy difícil resolución, pero entendemos que si algo indispensable, es garantizar en la atención de la salud y por eso hemos dispuesto este año un incremento de casi 60% de todo el presupuesto de salud pública de la provincia para atender la emergencia y la demanda en todo el territorio”.
“Estamos garantizando una salud pública en todo el territorio santafesino, a través del sistema de salud provincial, y también a través de convenios con gobiernos locales que tienen sus propios sistemas de salud, en general centros de Atención Primaria en varias comunas y municipios. En ese punto, el gasto social de la provincia ha aumentado por arriba del presupuesto y por arriba de la inflación, porque también se garantiza la cláusula gatillo a todos los trabajadores del sector público, y en las áreas sociales, la estructura del gasto tiene una alta proporción de recursos humanos y por lo tanto el gasto salarial tiene ya un alto impacto”.
El gobernador detalló que por todo lo expuesto “se adhiere a los reclamos que desde distintos sectores políticos y gremiales se vienen haciendo al gobierno nacional para que declare la emergencia alimentaria, no como una expresión retórica sino concreta, real. Se necesita que el gobierno nacional se haga cargo de la crisis económica y social que ha generado y que envíe recursos urgente, que no son más que los recursos que está obligado a enviar el gobierno nacional a las provincias y que los viene retaceando en los últimos tiempos”.
“Estamos atendiendo la situación alimentaria. Creemos que la responsabilidad de la emergencia alimentaria debe ser del gobierno nacional. Las provincias y los gobiernos locales tenemos que colaborar en la implementación porque somos los que estamos cerca del territorio y tenemos la posibilidad de llegar de manera rápida a los distintos lugares e instituciones. Pero los recursos tienen que porvenir claramente del gobierno nacional, del Presupuesto nacional, para reforzar las finanzas provinciales y municipales. Nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo posible”, aseveró.
“Le reclamamos al gobierno nacional para que se haga cargo también de su responsabilidad en la salud pública, como históricamente ha ocurrido con los gobierno nacionales de todos los tiempos que, desde 1983 en adelante, han ocupado un lugar en el financiamiento de la salud a nivel nacional, ayudando y colaborando con los presupuestos provinciales. Esto ha venido disminuyendo de manera notable en los últimos años y, prácticamente, se ha reducido a cero en este año”.
Lifschitz especificó que se dispuso también “un aumento de partidas para la atención directa de personas en situación de vulnerabilidad social, a través de convenios con instituciones sociales, en todo el territorio provincial, más de 1.300 en el ámbito de Desarrollo Social, y el aumento de partidas para comedores escolares”.
“En relación a la Tarjeta de Ciudadanía, prácticamente la totalidad de los beneficiarios de la misma, también tienen la Asignación Universal por Hijo y en ese punto se solicita una ampliación de la misma: es indispensable que todo el peso de la crisis no recaiga sobre los gobiernos locales, municipales y provinciales. Se está reclamando que el gobierno nacional se haga cargo de contribuir, de poner recursos y de financiar para que la crisis social pueda ser atemperada”.
Si bien especificó que la provincia prioriza la inversión social y salarial que es la responsabilidad más importante, el gobernador sostuvo que “en obra pública tomamos la decisión de no paralizar ninguna obra. Les hemos pedido a las empresas constructoras que vayan adecuando el ritmo de trabajo a las posibilidades financieras de la provincia y estamos tratando de sostener las obras que se desarrollan en el ámbito de la comunas y municipios porque sabemos que generan mano de obra local y movilizan la economía de los pueblos, pero es un análisis que hacemos semana a semana por la volatilidad de la economía nacional, fundamentalmente a partir de las elecciones primarias que ha cambiado el escenario y que todavía puede cambiar hasta el 10 de diciembre”.
En cuanto a la producción, Lifschitz indicó que “tenemos una situación de crisis en el sector industrial fundamentalmente y también el el sector comercial pequeño y mediano, que tiene que ver con la recesión económica y la parálisis de la actividad, la disminución del consumo y las tasas siderales que establece el Banco Central, que impiden absolutamente cualquier mecanismo de financiamiento, de corto, mediano y largo plazo para el sector empresario”.
“Lo que estamos haciendo es acompañar desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los procesos de crisis; tenemos a más de 300 empresas en las que estamos tratando de que no se pierdan los puestos de trabajo y de mediar en los conflictos. También ofrecemos la colaboración que podemos en términos de plazos de refinanciación de deudas con la Empresa Provincial de la Energía o en cuanto a problemas tributarios, pero sabiendo que los problemas de fondo tiene que ver con la macroeconomía”.