El ex ministro de seguridad de Santa Fe dijo que van a hacer todo lo que les permita la ley para resolver los problemas de inseguridad en la provincia
Maximiliano Pullaro, candidato a gobernador por Unidos para Cambiar Santa Fe, aseguró que lo realizado en materia de seguridad por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, “no viola la Constitución de esa nación”. Según expresó, la política declarada por el mandatario salvadoreño en 2022 contra pandillas delictivas que tomaban parte del territorio de ese país, implica un régimen de excepción con suspensión de garantías.
Pullaro formuló declaraciones al diario Perfil: “Mientras fui estudiante pensaba una cosa y cuando estuve al frente de 23 mil hombres en el Ministerio de Seguridad y de 6 mil hombres del Servicio Penitenciario combatiendo contra el delito, terminé pensando las cosas desde otro lugar. Uno mucho más práctico. En función de lo que pude estudiar y de lo que nos informaron personas relacionadas a los organismos de Derechos Humanos que han estado en El Salvador, nos han dicho que no se viola la Constitución. Que Bukele no viola la ley. Con lo cual todo lo que las leyes nos permitan lo vamos a hacer para resolver los problemas de seguridad pública en la provincia de Santa Fe”.
Sin embargo, aclaró que la estrategia de Bukele no es aplicable en la Argentina: “¿Podemos hacer lo que hace Bukele? No. Bukele puede demorar a una persona 16 días solamente por averiguación de antecedentes. En Santa Fe lo podemos demorar por seis horas”.
Luego de cometerse 87 homicidios en un fin de semana de marzo de 2022, el presidente salvadoreño respondió declarando una guerra a las pandillas, bajo el paraguas de un régimen de excepción aprobado por el Congreso de esa Nación. Alrededor de 72 mil presuntos pandilleros han sido capturados en consecuencia de esta política.
La gran repercusión que tuvo esto le ha generado una popularidad positiva en su país y en muchas encuestas, incluso siendo denominado como el mandatario mejor visto en América Latina. La Organización de las Naciones Unidas se ha expresado en contra de estas metodologías, sobre todo, luego de recibir información de la ONG Cristosal, la cual denuncia que casi 153 presos murieron desde que se implementó el estado de emergencia en marzo de 2022.