El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera, presentó una demanda para anular la juramentación que hizo el pasado viernes Pedro Pierluisi como nuevo gobernador de la isla.
En la demanda presentada anoche, Rivera señala que actualmente Puerto Rico «vive una situación sin precedentes» después de la renuncia de Ricardo Rosselló, quien tuvo que dejar el cargo tras una asfixiante presión popular por su participación en un chat privado ofensivo y discriminatorio que provocó una ola de protestas.
El jefe del Senado apunta que la elección de Pierluisi se produjo «parcialmente» ya que quedaba aún el trámite del Senado.
Por su parte, Pierluisi reaccionó de inmediato afirmando que «no procede» que el Senado vote hoy sobre su incumbencia como secretario de Estado, ya que al haber jurado el viernes como mandatario dejó ese puesto.
«Realmente es una vista para ellos mismos, porque, como he dicho en varias ocasiones, no procede una confirmación del gobernador. Lo que hubiera procedido era una confirmación del secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada», argumentó Pierluisi en declaraciones a medios locales recogidas por la agencia de noticias EFE.
«Uno asume la gobernación y luego los tribunales deciden si la juramentación es válida o no», argumentó.
El mismo viernes la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció que iba a recurrir ante los tribunales la jura de Pierluisi como gobernador.
El secretario de Estado puertorriqueño es el primero en la línea de sucesión en caso de no haber gobernador. El siguiente es el secretario de Justicia.
Una vez asumido en el cargo, el flamante gobernador anunció que debido a las dudas en las interpretaciones de las normas iba «a dar la oportunidad el Senado (el lunes y miércoles) de ratificar o no» su «incumbencia».
«Si no se ratifica mi incumbencia, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, segunda en la sucesión está en disposición de asumir el cargo», advirtió el viernes.
La Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa, mientras que la Ley 7, en la que se escudó Rosselló para nombrar a Pierluisi, señala que dicha posición no precisa de la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado.
Pero solo en el caso de que se refiera a la sucesión de un gobernador.
En la demanda, Rivera indica que Pierluisi asumió el poder este viernes «en una interpretación incorrecta de la Ley 7».
«El Senado no ha finalizado su responsabilidad constitucional de consejo y consentimiento para dicho nombramiento no puede seguir ostentando el cargo de gobernador al que juramentó y, cualquier decisión que haya tomado en tales funciones desde dicha juramentación es igualmente nula», indica en la demanda.
Rosselló anunció que dimitiría el 24 de julio, lo que se formalizó el pasado viernes, al revelarse el contenido de un chat en el que junto a varios asesores insultaba a colectivos como mujeres, LGTB, artistas y políticos.