Análisis

¿Puede existir un capitalismo sin consumidores?


Por Diego Añaños

Por Diego Añaños

El debate económico en Argentina pasó indudablemente por la discusión parlamentaria. Luego de un sábado y un domingo muy movidos y con muchos anuncios, el gobierno envió esta semana al Congreso un megaproyecto de ley. El paquete incluía la Emergencia Social y Económica, que facultaba al Ejecutivo para introducir medidas y reformas sin necesidad de pasar por el trámite parlamentario. Las medidas apuntan a mejorar la recaudación del Estado Nacional para financiar instrumentos de alivio a sectores más golpeados por la crisis. Luego de discusiones, debates y largas horas, el proyecto se convirtió en Ley y falta su entrada en vigencia definitiva.

Uno de los puntos centrales era una modificación del esquema de retenciones. Desde el gobierno sostienen que más que un aumento, es una actualización del monto fijo establecido por Mauricio Macri. Es evidente que no es lo mismo un monto de $4 por dólar cuando la divisa extranjera costaba $38, que con un valor de $63. Por fuera del paquete que se envía al Congreso, y luego de su aprobación, Alberto Fernández convocará a las entidades del campo a discutir un aumento de las retenciones de alrededor del 3%, destinado a financiar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSeS.

Un aumento al Impuesto a los Bienes Personales, que volvería a los niveles de 2015, mientras que en caso de que los bienes que se encuentran en el exterior la alícuota se multiplicará por dos. Si el contribuyente repatria sus bienes, no tendrá penalidad, y pagará el mismo impuesto que los demás.

Se establece, además, un recargo de 30% para operaciones en dólares y las compras realizadas en el exterior (algo así como un dólar turista, que rondaría los $80). El jefe de Gabinete sostuvo que el nuevo impuesto tiene una lógica solidaria y contributiva, a la vez que permite cuidar los pocos dólares que tiene la economía, y reactivar la industria turística local. Paralelamente, Cafiero anunció que la medida no va a afectar a las importaciones de insumos para la producción, o a aquellas compras destinadas al desarrollo científico tecnológico, como por ejemplo los reactivos químicos que se utilizan en los centros de investigación.

Estas medidas permitirán financiar, al menos en parte, un aumento de las jubilaciones, de la AUH y un bono para los agentes de la administración pública.

Durante el paso por la Cámara Baja, se negoció la modificación de 25 artículos del proyecto original. El proyecto luego fue girado a la Cámara de Senadores, donde se convirtió en ley.

También se anunció un congelamiento de las tarifas de los servicios públicos hasta el 30 de junio, que se suma al DNU del viernes pasado, que instauró durante 180 días la doble indemnización para los trabajadores despedidos sin causa justa (similar a la norma votada por el Congreso el año pasado y luego vetada por Macri). Se esperan a su vez anuncios vinculados a las Pymes (como exenciones a las contribuciones y una moratoria para el pago de deudas).

Carlos Pagni, desde su habitual columna del diario La Nación, se hacía algunas pregunta: «¿No es recesivo quitarle dinero el sector privado por la vía de aumentos impositivos? ¿Qué sucederá con la inflación una vez que se expanda el gasto públicos?» Evidentemente existe la memoria selectiva. Claro, Pagni parece no recordar que tres de los cuatro años de Macri fueron recesivos, a pesar de las rebajas impositivas al sector privado. Tampoco recuerda que el peor ahorque monetario en décadas, implementado por Guido Sandleris durante el último año de gestión de Mauricio Macri, tuvo como contracara la mayor inflación en casi 30 años.

El presidente, por su parte, y en paralelo a la febril actividad legislativa, asistió al almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Una reunión casi íntima, de la que participaron los empresarios más importantes del país, como Paolo Rocca, Luis Pagani, Héctor Magnetto y Jaime Campos (titular de AEA), con quienes Fernández compartió mesa. También estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y el secretario de Comunicación Presidencial, Juan Pablo Biondi. Durante su discurso hizo referencia a la delicada situación fiscal por la que atraviesa el país, así como a la compleja herencia que deja el gobierno de Mauricio Macri en término de deuda. Fue taxativo en su análisis: en la Argentina hay hambre. Un dato sobresalió por sobre los demás en su discurso: el 70% del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES está conformado por papeles. Es por situaciones como éstas, dijo Alberto Fernández, que el gobierno le pide un esfuerzo a las empresas del agro y la industria, ya que necesita reconstruir aquellas cajas del Estado Nacional que han quedado vacías, y sin las cuales es imposible hacer política fiscal.

Sin embargo, y más allá de la importancia de su convocatoria al empresariado argentino, el presidente planteó una cuestión clave: no existe el capitalismo sin consumidores, dijo, ante las alarmantes cifras de caída del consumo de alrededor de un 30% en dos bienes básicos, como la leche y el pan. La preocupación es aún mayor, ya que se trata de bienes que se encuentran en el piso de la pauta de consumo. Además tienen una demanda relativamente inelástica, esto es, poco sensible a los cambios en los precios, por lo que, cuando se observan modificaciones en la demanda, evidentemente la crisis es muy profunda.

La conceptualización de Fernández es fundamental: no sólo no existe, sino que no puede funcionar un capitalismo sin consumidores. Un mercado empobrecido, involucra tarde o temprano, empresarios empobrecidos. Claro, normalmente antes de que ello ocurra, las variables económicas hacen un shutt down y emerge el conflicto social. De hecho, es posible concebir sistemas económicos sin empresarios. Lo que es absolutamente imposible de imaginar es un capitalismo sin consumidores. La idea es clara, no podemos seguir exigiendo sacrificios a los sectores más vulnerables, porque eso pone en peligro, tanto el orden social, como la persistencia misma del sistema.