Por Jimena Psathakis (*)
Quisiera comenzar este artículo proponiéndole al lector un ejercicio: pregunten a las personas que tengan a mano cuántos pueblos originarios, cuántas comunidades y cuántas personas miembros de estos pueblos creen que existen en la Argentina.
Quien lo haga, va a comprobar que las respuestas serán de lo más variadas, algunas irrisorias; algunas se acercarán más a los números reales, pero la mayoría serán incorrectas. Y será así, porque no se trata de que esas personas sean ignorantes, sino que es el resultado de un largo proceso de invisibilización, es decir, la omisión o negación de la existencia de un grupo social, en este caso los pueblos indígenas.
La invisibilización, marginación y violencia que sufrieron nuestros pueblos originarios a través de siglos, produjeron una violación sistémica de sus derechos y una expansión de sus problemáticas que hoy abarcan desde acceso a la salud, pasando por la educación, el trabajo, la vivienda, hasta el respeto a su identidad cultural. Las demandas son enormes, complejas y diversas. Son 34 pueblos originarios, que viven en 1600 comunidades asentadas en todo el país. En el CENSO 2010, 955.032 personas se autorreconocieron como pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena.
¿Cómo enfrentar estas problemáticas; cómo avanzar ante tantos años de abandono del Estado, sin caer en el círculo vicioso del asistencialismo, y dejando atrás el clientelismo y la arbitrariedad de elegir a quién sí y a quién no asistir?
La respuesta a estos interrogantes es un plan. Un plan nacional que parta de un diagnóstico certero, que fije prioridades y que avance para conseguir metas sostenibles a corto, mediano y largo plazo. Y, por supuesto, que incluya la participación de los pueblos y el compromiso de todos los sectores de nuestra sociedad.
Así nacieron las Metas de la política nacional de pueblos originarios del INAI, las cuales son parte del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
Las Metas 2017-2020 del INAI se resumen en los siguientes ejes:
– Dinamizar los tiempos, optimizar recursos y hacer eficiente el proceso de Relevamiento Territorial, y avanzar en un acuerdo federal para abordar la problemática de la propiedad comunitaria de la tierra.
– Registro de comunidades indígenas con criterios unificados entre Nación y provincias.
– Consulta previa, libre e informada: se comenzará un trabajo en conjunto con las comunidades y organizaciones indígenas para hacer efectivo este derecho, y que los procesos de consulta respeten las pautas culturales de cada pueblo.
– Avanzar en las elecciones de representantes del Consejo de Participación Indígena (CPI).
– Consolidar un sistema de alerta temprana para la prevención y abordaje de conflictos vinculados a comunidades indígenas. Se brindará asistencia técnica en causas judiciales o se intervendrá en un rol de facilitador/mediador para acercar a las partes.
– Lograr una mayor articulación entre los distintos organismos del Estado para garantizar el acceso a los derechos de comunidades indígenas.
El desafío es enorme, pero tenemos conciencia sobre la necesidad imperiosa de llevarlo a cabo. Porque soñamos con una argentina diversa, respetuosa, digna y en paz.
(*) Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).