La diputada nacional de Cambiemos Josefina Mendoza presentó este martes un proyecto de ley que busca que todo edificio público, espacio o monumento histórico no pueda llevar el nombre de funcionarios o personalidades destacadas sobre las que pesen condenas con sentencia firme.
«En el caso de llevar el nombre de un funcionario o funcionaria o personalidad destacada, la misma no haya sido declarada culpable con sentencia firme en ningún tipo de causa que atente contra la integridad de la Nación o ninguna persona física, o haya sido juzgado e inhabilitada para ejercer cargos públicos», señala el texto presentado.
Para Mendoza, «sería una locura imaginar un edificio público Amado Boudou o, de terminar con condenados la causa de los cuadernos de la corrupción y alguno de los implicados tenga su centro cultural».
A su criterio, «si la Justicia los encontró culpables y no pueden ejercer cargos públicos, mucho menos podrían llevar su nombre un edificio». «Para evitar que se le rinda homenaje a la corrupción en el futuro, debemos legislar», remató la joven parlamentaria radical, que agregó que esta ley «garantizará a todos los argentinos que sólo quedarán en la historia aquellos dignos de ser recordados».
El proyecto también incorpora otros criterios para la regulación de las nomenclaturas de espacios públicos, como por ejemplo que deba transcurrir diez años desde la muerte de un funcionario o su desaparición forzada para que un edificio o monumento sea bautizado con su nombre.
Del mismo modo, también debe cumplirse un plazo de diez años desde una fecha histórica para que ésta sea consagrada en el nombre de un espacio público.
Además de Mendoza, acompañan la iniciativa los legisladores de Cambiemos Daniel Lipovetzky, Gabriela Burgos, Carla Carrizo, Leandro López Koenig, Fabio Quetglas, Juan Manuel López, Hernán Berisso, Facundo Suárez Lastra, Nadia Ricci, Soledad Carrizo y Paula Oliveto.