Se sacaron 3.300 armas de fuego, como armas cortas, largas, tumberas y municiones vinculadas a causas judiciales del sistema de justicia penal residual a fin de reducir la violencia
En seis meses, el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de personal de la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, que depende del Ministerio de Seguridad, retiró todas las armas vinculadas a viejas causas judiciales, que aún quedaban a resguardo de dependencias policiales de la provincia. El objetivo principal de la Agencia es prevenir y reducir la violencia con armas de fuego en la provincia de Santa Fe.
El proceso inició en el mes de diciembre, relevando e inventariando las armas de fuego y otros materiales controlados pertenecientes a secuestros vinculados al viejo sistema de justicia penal, denominadas «armas protocolizadas». Al concluir este relevamiento, la Agencia retiró todo lo que quedaba en las Armerías Centrales de las Unidades Regionales (UR) para que sean almacenados en el Departamento Logística “D4” en la ciudad de Santa Fe para mejorar su custodia, perfeccionar las condiciones de trabajo en las UR, y finalmente, proceder a la destrucción del armamento en coordinación con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
En total, se retiraron 360 bolsas precintadas con 3.300 armas de fuego, como armas cortas, largas, tumberas y municiones vinculadas a causas judiciales del sistema de justicia penal residual.
Al respecto, el subsecretario de la Agencia de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro, precisó que “lo que hicimos fue continuar con un proceso que se había iniciado en el año 2016 de juntar el armamento que había quedado disperso en comisarías, armerías y dependencias policiales de la provincia y se unificó y se protocolizó en bolsas».
«Cuando comenzamos la gestión nos encontramos con todo este material ocupando lugar y tareas de los efectivos policiales, por ello decidimos unificar todo en la División Central de Balística del D4 para luego proceder a la destrucción», destacó el funcionario.
“Esto permite además liberar espacio en las Unidades Regionales, desafectar personal que estaba en la guarda o cuidado de este armamento, y reorganizar esos efectivos para que pueden ocupar tareas operativas en otro lado, dado que esto es una función propia del poder judicial”.
Por último, Sappietro indicó que «el procedimiento, a partir de que ahora tenemos todo centralizado, consiste en reinventariar todo el armamento para gestionar una destrucción grande de armas junto con el ANMAC», culminó el funcionario.