Los vecinos autoconvocados de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, donde se encuentra un yacimiento en el que se estima la existencia de “un millón” de toneladas en vetas de litio en roca, proponen que el Estado provincial reconozca el derecho al agua como un derecho humano, como una acción concreta “para defender el medio ambiente”.
Reunidos en asamblea, anoche, en la localidad distante a 100 kilómetros de capital puntana, más de 120 vecinos decidieron además reforzar el plan de concientización y programar un corte de media calzada, sobre de la ruta 146 de acceso a la ciudad, el próximo 1 de febrero de 8 a 18.
El objetivo es visibilizar esa problemática por la posible explotación a cielo abierto de las minas Géminis y Don Gregorio, ubicadas a 8 kilómetros de la localidad y a escasos 600 metros del río Juan Gómez.
En diálogo con Télam, Carlos Camargo, ambientalista y vecino, sostuvo hoy que durante el encuentro coincidieron en señalar que “el acceso al agua potable y al saneamiento están vinculados al derecho a la salud, y que ha sido considerado como derecho humano por la comunidad internacional”.
El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”, recordó Camargo.
Los ambientalistas sostienen que «el Eestado provincial debe garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, el cual implica contar con agua suficiente, físicamente accesible y de calidad apta para ingesta humana y usos domésticos, de conformidad con los criterios generales que surgen del derecho internacional de los derechos humanos».
El pedido de los vecinos de San Luis daría cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional, que insta a las autoridades a proveer a la protección del derecho a un ambiente sano y a la utilización racional de los recursos naturales, y a las recomendaciones internacionales sobre el acceso al agua potable.
«Sería una acción concreta en defensa del medio ambiente sobre el que San Luis se ha pronunciado explícitamente en sus leyes provinciales”, señaló Camargo .
“La explotación sobre la parte alta de las Sierras Centrales de San Luis afectaría las nacientes de 5 ríos que atraviesan la localidad y a un valle muy fértil de agricultores familiares que viven en la zona, y que protegen el medio ambiente como un recurso humano que garantiza su calidad de vida”, agregó.