El diputado Carlos Del Frade, autor de la iniciativa, recordó que la firma amagó con cerrar en 2021 y en ese momento la Cámara de Senadores aprobó similar propuesta
El anuncio del cierre de la planta Dow Química Argentina, ubicada en la localidad de Puerto General San Martín, ha generado pronunciamientos y apoyo a los trabajadores de la firma desde distintos sectores sociales políticos y gremiales.
Quien fue más allá es el diputado Carlos Del Frade, quien volvió a poner en discusión la expropiación de la empresa situada en el cordón industrial. Cabe indicar que dicho proyecto es el mismo que tuvo aprobación en el año 2021 por la Cámara de Senadores provincial. El mismo Del Frade se encargó de brindar dicha aclaración.
En concreto la propuesta consiste en declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación, en un todo conforme el artículo 1 de la Ley Provincial N° 7534, a la empresa «Dow Química Argentina SRL» de titularidad de «PBB Polisur SRL», situada en Puerto General San Martín. El predio donde está situada la multinacional se encuentra inscripto en el apartado dominio del Registro General de la Propiedad – Rosario al Tomo 382 A, Folio 408, Número 137.581, aclara la iniciativa.
El alcance de la expropiación propuesta incluye todos los activos productivos, los bienes inmuebles, muebles (registrables y no registrables), instalaciones y maquinarias necesarias para el desarrollo de actividades normales y habituales del establecimiento y la producción de «polioxi propilenglicol y éteres glicólicos”. Para dicho procedimiento se faculta al Ejecutivo Provincial a llevar adelante el procedimiento expropiatorio.
“Recuperamos el texto de la media sanción efectuada por la Cámara de Senadores de la provincia en octubre del año 2021”, reiteró Del Frade. “En el contexto del reciente anuncio por parte de la empresa del cierre de su planta santafesina, decisión adoptada sin previo aviso ni mediación institucional, y que redundaría en la pérdida de 120 empleos, teniendo en cuenta los 40 trabajadores directos y otros 80 tercerizados”, agregó.
Asimismo, el legislador del Frente Amplio por la Soberanía manifestó que el cierre de la planta “tendría un fuerte impacto en las industrias locales y nacionales que dependen de los productos que allí se fabrican”.
Esta instalación –continuó Del Frade- es la única en el país que produce insumos indispensables para el poliuretano, un material esencial para diversas industrias. Por lo tanto, su clausura afectará a sectores como el de colchones, farmacéutico, automotriz, refrigeración, construcción, calzado, pintura y minería”.
Riesgos ambientales
Por otra parte, el diputado provincial puso el foco en que “es fundamental prestar atención a los riesgos ambientales vigentes”, en relación a la planta.
En ese sentido, Del Frade se basó en el documento difundido por el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) de San Lorenzo que advirtió “sobre este punto sensible para la población, no solamente la de trabajadores/as sino también la vecina a la planta”.
“En relación a lo ambiental, la impetuosa salida de la empresa, buscando cortar de un momento a otro el funcionamiento de la planta (sin tener en cuenta el peligro que esto conlleva) genera un riesgo ambiental alarmante”, señaló el documento del gremio del cordón industrial que Del Frade sumó a su proyecto.
Una empresa que sigue siendo rentable
El presente proyecto “también se fundamentó” en las propias motivaciones argumentadas por la empresa para su decisión, la cual, a través de un comunicado, se justificó planteando que: «Nada tiene que ver con el contexto actual de la Argentina ni de la Provincia de Santa Fe en particular”. Aún más, el mismo Soepu apuntó que “cuando preguntamos por qué no presentan un proceso preventivo de crisis, dicen que no atraviesan una crisis económica, sino que es una decisión global”, recordó Del Frade.
Amague de cierre en 2021
El diputado del Frente Amplio por la Soberanía recordó que “ya en 2021 la empresa anunció también su intención de cerrar la planta, con las consecuentes angustias e incertidumbres generadas entre los diversos colectivos afectados”. En su momento, “esta definición motivó la media sanción al proyecto de expropiación mencionado anteriormente”, agregó.
«Ahora bien, en ese momento la intervención del gobierno nacional y del gobierno provincial posibilitaron la creación de una mesa de trabajo que contó con la participación de los distintos niveles del Estado, la empresa y los trabajadores del sector y así se evitó que la medida se concretara”, dijo el diputado.
Tres años más tarde, “la compañía vuelve a arremeter con una determinación unilateral generando profunda angustia entre los trabajadores/as, sus familias, clientes y servicios conexos”, cerró Del Frade.