Desde 2020 una cautelar limita las actividades productivas en los humedales
En un comunicado reciente, los productores de las islas del Delta del Paraná solicitaron la eliminación de la medida cautelar vigente desde 2020, que limita las actividades productivas en la región, argumentando que afecta de manera negativa la ganadería y el desarrollo de infraestructura esencial. Esta restricción fue impuesta por el Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en el marco de medidas preventivas para mitigar los incendios en la zona, sin embargo, los productores afirman que, lejos de proteger el ecosistema, estas restricciones obstaculizan el mantenimiento de caminos, cortafuegos y la actividad ganadera de larga data.
La disputa legal por el manejo ambiental en el Delta del Paraná ha tomado relevancia en los últimos años debido a los incendios recurrentes en el humedal. En 2020, una acción judicial promovida por Marcos Lisandro Peyrano en representación de los habitantes de Rosario generó una nueva intervención del Juzgado Federal y determinó la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el asunto.
En este contexto, el tribunal ordenó a Entre Ríos y a la Municipalidad de Victoria suspender por seis meses las autorizaciones de quemas controladas y solicitó fortalecer el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Región Delta del Paraná (PIECAS).
El pedido de los productores
Los productores sostienen que la actividad ganadera en el Delta tiene 200 años de coexistencia con el medio ambiente y argumentan que el PIECAS, junto con el Manual de Buenas Prácticas Ganaderas del INTA y el Plan Provincial de Manejo del Fuego, ya regulan de forma adecuada el uso de los recursos en la zona. Según el comunicado, el mantenimiento preventivo mediante maquinaria es clave para la preservación de los caminos y senderos, así como para la creación de cortafuegos y dragados que permiten evitar incendios descontrolados.
Asimismo, los productores aseguran que el correcto funcionamiento de estas prácticas de mantenimiento es indispensable no solo para el desarrollo económico, sino también para la preservación ambiental y la fijación de población en el Delta.
La postura de la Cámara Federal
Por su parte, la Cámara Federal considera que el ecosistema del Delta es un humedal frágil y vulnerable que requiere protección urgente y afirma que las medidas cautelares buscan evitar daños mayores al medio ambiente y proteger la salud de los habitantes de las provincias afectadas. El tribunal ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Seguridad establecer un sistema de monitoreo permanente en el área, en un esfuerzo por prevenir incendios y proteger la biodiversidad del humedal. Además, instó a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires a emitir informes bimestrales sobre las acciones en el marco del PIECAS.