El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy con prisión preventiva por asociación ilícita y violación de secretos a siete acusados por la filtración de información secreta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Entre los procesados está el empresario Leandro Rodríguez, dueño de «ADL Solutions» quien fue acusado como supuesto jefe u organizador de la asociación ilicita que sustraía datos confidenciales de la AFIP para venderlos mediante su empresa, según el fallo al que accedió Télam.
El juez procesó también y dispuso que sigan presos otros seis acusados, entre ellos empleados del organismo recaudador con embargos de diez millones de pesos para cada uno.
Los empleados «de manera sistemática y coordinada, proporcionaron datos secretos del referido organismo a cambio de diversas sumas de dinero que eran distribuidas entre distintos agentes, a un grupo de empresas que giran con el nombre ADS», concluyó el juez.
En la investigación se consideró probado que la información se vendía mediante reportes de datos financieros.
La pesquisa comenzó a raíz de una denuncia de AFIP luego que el 27 de agosto pasado el diario Página 12 publicara información relativa a datos del blanqueo de capitales vinculados a familiares del presidente Mauricio Macri.
A raíz de ello Canicoba detuvo y ahora procesó con preventiva a los agentes de la AFIP Sebastián Karamanian, Martín Del Quadro y Alejandro Adduci; al asesor financiero Daniel Courmanian; al empresario Rodríguez y empleados de su empresa, Pablo Degano y Marcelo Vecchio.
«Los funcionarios públicos se valían de sus cargos en la administración y/o de sus conocimientos técnicos especializados en materia informática, para desarrollar herramientas informáticas que les permitían acceder a información confidencial sin dejar rastros de sus accesos, e incluso hacerlo de manera remota», dio por probado el juez.
El empresario actuaba «apoderándose ilegítimamente de los datos y a sabiendas de ello, ofrecerla y comercializarla en el mercado, compartiendo entre los miembros de la organización los beneficios económicos que percibía la empresa».
El juez ordenó también allanar sucursales de los bancos Santander Río y Galicia para abrir siete cajas de seguridad a nombre del empresario Rodríguez y otras detectadas pertenecientes a otros acusados.