Están acusadas de integrar una banda dedicada al secuestro extorsivo y comercio de estupefacientes en Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de ocho personas acusadas de integrar una banda dedicada al secuestro extorsivo y comercio de estupefacientes en las localidades vecinas de Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco, en la que también está imputado Ariel «Guille» Cantero, líder del clan familiar «Los Monos», informaron este jueves fuentes judiciales.
Esta resolución se enmarca en una investigación a cargo de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Claudio Kishimoto, Santiago Marquevich y Diego Iglesias, respectivamente; junto a la Fiscalía Regional de la 2da. Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
La pesquisa comenzó tras el secuestro extorsivo de un joven, ocurrido en la noche del 23 de julio de 2021 en las inmediaciones de un punto de venta de drogas, ubicado en la localidad de Arroyo Seco.
Según establecieron los fiscales, la víctima fue al lugar junto a un amigo para adquirir marihuana y cuando bajó de su vehículo, fue interceptada por un Chevrolet Astra del que bajó un hombre uniformado que le refirió «alto policía» mientras otro lo sorprendió por detrás y lo golpeó en la cabeza.
El joven fue obligado a subir al auto, donde había otras cuatro personas, y estuvo cautivo durante dos horas, mientras los secuestradores se comunicaban con sus familiares y les exigían la entrega de 100.000 dólares.
Finalmente, fue liberado -en la madrugada del 24 de julio- en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, luego de que se pagara un rescate de 10.000 dólares y algunas joyas.
El testimonio de la víctima permitió establecer que el móvil del secuestro extorsivo estaba vinculado a una deuda originada por el tráfico ilegal de estupefacientes y que, detrás del mismo, existía un grupo de personas organizadas por «Guille» Cantero y Leandro Vinardi -quienes estaban alojados en el pabellón 7 de la Unidad de Detención de Piñero- para comerciar estupefacientes.
El 2 de noviembre de 2011, el titular del Juzgado Federal 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, procesó a Cantero, Vinardi, Cristian Avalle, Sabrina Barrias, Jonathan Lencina, Axel Vilches, Mayra Mansilla, Agustina Casa, Mariela Gorosito, Gregorio Núñez, Laureano Aznárez Espeche, Marina Núñez, Gonzalo Weber, Virginia Malvestitti, Pablo Pascua, Alexander Alcaraz y a un menor de 18 años.
A todos ellos les imputó el delito de «secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate exigido, por haberle causado a la víctima lesiones graves y por la participación en el hecho de 3 o más personas, robo agravado por el uso de arma y por haberse cometido en poblado y en banda, todos ellos en concurso real en calidad de coautores».
También los procesó por «comercio de drogas agravado por servirse de menores de dieciocho años, cometido con violencia e intimidación y por la participación de tres o más personas».
Tras esa decisión, las defensas de Aznárez Espeche, Malvestitti, Gorosito, Mariana Núñez, Casas, Barrias, Vinardi y del adolescente apelaron y la Sala B de la la Cámara Federal, integrada por Aníbal Pineda y José Toledo, rechazó sus planteos en un fallo de 49 páginas al que Télam tuvo acceso.
«Se está en presencia de una banca criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, con una organización de corte piramidal, en la que se puede vislumbrar claramente los roles que ocupaban sus distintos miembros», dijo Pineda en su voto, al que adhirió su colega.
Para los magistrados, la organización también cometía «distintos delitos conexos para asegurar esa actividad ilícita, como ser la comisión de balaceras en distintos comercios o domicilios de sus ‘competidores’ o, como fue el caso del secuestro extorsivo de M. que dio origen a esta causa, recuperar el dinero perdido como consecuencia de la incautación de parte de la droga que iba a ser comercializada y que fue hallada en su oportunidad en poder de Pascua».
Según Pineda, «en este caso se advierte claramente la existencia de una organización narcocriminal conformada por personas privadas de su libertad que continúan operando en sus negocios ilícitos a través de teléfonos celulares que poseen en sus lugares de detención, órdenes que son ejecutadas por otras personas que se encontraban en libertad y llevaban a cabo no sólo las ventas de estupefacientes (…) sino que también ejecutaban otros ilícitos como ser balaceras para amedrentar a sus competidores y para proteger y disputar el territorio donde se desarrolla esa actividad».
«En este caso en concreto, se advierte que el secuestro del que resultó víctima F.N.M. se realizó con la finalidad de obtener un rescate que cubra las pérdidas económicas derivadas de la incautación de la droga oportunamente hallada en poder de uno de los miembros de la banda, el llamado Pablo Javier Pascua, lo que posibilita vislumbrar lo que en mi criterio se denominaría una segunda fase del narcotráfico», explicó.