La defensa argumentó que no hubo extorsión, sino una reunión pedida por un agente de bolsa para recibir asesoramiento legal
El financista rosarino Fernando Whpei fue imputado este martes por su presunta participación en una maniobra de extorsión a un empresario del sector financiero, en el marco de una causa que también involucra al juez federal Marcelo Bailaque. Tras una audiencia cargada de tensión, el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz dictó 90 días de prisión preventiva y un embargo por 1.500 millones de pesos.
Whpei, sobre quien pesaba una orden de captura por haber recibido —según la fiscalía— más de mil millones de pesos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, fue acusado de haber sido el brazo ejecutor de una extorsión al agente de bolsa Claudio Iglesias. La maniobra habría tenido lugar en 2019, cuando Iglesias fue presionado para pagar 250 mil dólares a cambio de que se frenara una investigación por lavado de activos.
Según la acusación, fue el propio Whpei quien gestionó el cobro de ese dinero, bajo la dirección de Bailaque, con el objetivo de evitar que Iglesias accediera a la presidencia del grupo asegurador San Cristóbal. La acusación se sustenta en los testimonios del propio Iglesias y del exdirector de la Afip regional, Carlos Vaudagna, quien declaró como arrepentido en el marco de la misma causa.
Durante la audiencia, que se demoró por una recusación presentada por los abogados defensores de Whpei, Emiliano Díaz y Sergio De Dossi, se cuestionó duramente el accionar de los fiscales federales Federico Reynares Solari y equipo. Alegaron que Iglesias «inventó» la acusación tras ser procesado junto a su socio Jorge Oneto en una causa por lavado, y que actuó motivado por el temor a las consecuencias judiciales.
La defensa argumentó que no hubo extorsión, sino una reunión pedida por Iglesias para recibir asesoramiento legal. Presentaron el testimonio de un testigo que participó del encuentro y negó cualquier pedido extorsivo. También destacaron que Iglesias continuó realizando negocios con Whpei entre 2020 y 2022, y que incluso ofreció involucrarlo en emprendimientos inmobiliarios y comerciales.
Otra parte clave de la defensa fue desacreditar la supuesta intención de Iglesias de asumir la presidencia de San Cristóbal, algo que ejecutivos de la empresa negaron categóricamente. Dijeron que Iglesias nunca presentó una lista, que era un «mero tesorero» y que su nombre no circulaba como posible presidente.
Sin embargo, el juez Da Cruz consideró insuficientes los argumentos presentados y calificó la recusación como “poco seria”, entendiendo que buscaba dilatar la audiencia. Luego de rechazar ese planteo, dio curso a la imputación formal y dictó la prisión preventiva por 90 días, además de ordenar la inmovilización de bienes y el embargo de 1.500 millones de pesos.
Fernando Whpei fue trasladado a dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y permanecerá detenido mientras continúa la investigación. En paralelo, la causa por extorsión que también salpica al juez Bailaque avanza en el Consejo de la Magistratura, donde se analiza su eventual suspensión y el retiro de sus fueros.