Análisis

Primeros aprontes para la renegociación de la deuda con el FMI


Por Diego Añaños

Van pasando los días y comienza a clarificarse el panorama. A medida que la espuma va bajando, los datos concretos relacionados con el exitoso canje de deuda encabezado por Martín Guzmán comienzan a conocerse. Un informe elaborado por la consultora Ecolatina destaca que la reestructuración de bonos generará un alivio significativo en las arcas nacionales, debido al virtual período de gracia hasta el año 2024 y la fuerte reducción que registraron las tasas de interés. Sin considerar los vencimientos intra sector público, los compromisos de deuda alcanzaban los U$S48.000 millones hasta 2024. Tras el canje, solo serán de U$S6.500, por lo que el país se ahorrará la friolera de U$S41.500 millones, un ahorro de más del 86% en términos porcentuales en los próximos 4 años.

Sin embargo, resta resolver la deuda con el FMI asumida y defaulteada durante el gobierno de Mauricio Macri. Si se descuenta el pago de intereses previstos para el mes de noviembre, el monto total de lo adeudado asciende a U$S46.500 millones, de los cuales U$S5.000 millones vencen en 2021. El gobierno no parece contar con un abanico amplio de posibilidades. Las opciones que tiene son, o bien la firma de un nuevo Stand By, o un Acuerdo de Facilidades Extendidas.

El Stand By se orienta fundamentalmente a dar respuesta rápida a problemas de financiamiento de corto plazo, por lo cual es habitual que las condiciones que se establecen para otorgarlos suelen ser meramente cuantitativas. Es así que se establecen determinadas metas a cumplir en variables tales como déficit fiscal, nivel de endeudamiento, reservas internacionales, etc. El plazo normal de devolución es entre 3 y 5 años.

El Acuerdo de Facilidades Extendidas está dirigido a países con problemas estructurales de balanza de pagos, y también de crecimiento. En este caso, el FMI suele exigir la puesta en marcha de un conjunto de reformas estructurales que, hipotéticamente, funcionarán como una garantía de la devolución del préstamo. Habitualmente suele ser más flexible en materia de plazos de devolución, ya puede ir de los 4 a los 10 años, y se abona en cuotas semestrales iguales.

Relación Argentina-FMI: "No buscamos pedir más dinero prestado" | IMPULSO

Debido a las medidas de distanciamiento social, todavía no se tiene una fecha cierta de comienzo de las reuniones con el Fondo, aunque ya se iniciaron las conversaciones preliminares entre los funcionarios del organismo y los funcionarios del equipo económico. Sergio Chodos, representante para el Cono Sur ante el organismo, una pieza fundamental en el proceso de negociación, aún se encuentra en Buenos Aires, y no tiene fecha prevista de regreso a Washington. Se especula con que en breve se determinará la fecha para la visita de los funcionarios del FMI a la Argentina.

Si bien la renegociación del acuerdo caído con el Fondo es uno de las preocupaciones principales de Martín Guzmán y su equipo, su prioridad de corto plazo se vincula con la elaboración del presupuesto 2021. Según la tradición debe ser presentado el 15 de septiembre, por lo que le queda exactamente una semana para elaborar los detalles finales de la Ley de Leyes.

No se han conocido los números de las principales variables como inflación, tipo de cambio, volumen de exportaciones e importaciones o estimaciones de ingresos fiscales. El único dato conocido fue el resultado fiscal primario, estimado por los funcionarios del equipo de Martín Guzmán en un 4,5% negativo del PBI.

En este contexto el proyecto que genera más expectativas es, sin ningún lugar a dudas, la reforma tributaria. El esquema impositivo en la Argentina es extremadamente intrincado y complejo, con superposiciones varias y con un fuerte componente regresivo. Los funcionarios del área económica afirman que la intención del gobierno es avanzar hacia una reforma que se sostenga sobre cuatro pilares: simplificar el sistema, volverlo más progresivo (esto es, que la carga impositiva aumente a medida que aumenta el nivel de ingreso), garantizar la sostenibilidad fiscal y alinear los incentivos apropiadamente. Donde alinear los incentivos significa que la nueva estructura tributaria no castigue a las exportaciones, la producción, ni la generación de empleo.