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Sindicalista detenido

Pretenden que Herme Juárez siga el proceso judicial desde su mansión


Foto: Juan José García

La defensa del Herme Juárez, el sindicalista portuario detenido hace dos semanas, reclama que el proceso judicial continúe con el imputado bajo prisión domiciliaria por su presión arterial. Además, desde el lunes un interventor designado por la Justicia de Campana maneja las cooperativas de San Lorenzo y Puerto San Martín, y la mutual portuaria.

Desde su arresto, Juárez se encuentra alojado en el hospital Penitenciario Central del Penal de Ezeiza a raíz de un cuadro de hipertensión que sufrió durante su primera noche allí.

«Es excelente el servicio médico del hospital de Ezeiza, pero el estado de encierro lo empeora», explicó su abogado en diálogo con Radio 2, preocupado también por los 78 años del sindicalista: «No está deprimido, está fuerte y vigente, pero a veces se le sube o baja la presión, tiene episodios que se siente débil, propio del estado de encierro”.

La defensa pretende que el empresario atraviese el proceso en libertad y aseguraron que no hay pruebas que sustenten las acusaciones y que fue todo un montaje para Buenos Aires.

Foto: Juan José García

Por otra parte, la Justicia desbloqueó las cuentas bancarias de las cooperativas de Trabajos Portuarios (CTP) y de Trabajo San Lorenzo y de la mutual 21 de Diciembre para que las entidades puedan normalizar el pago de haberes a los empleados y responder a las obligaciones con los proveedores.

El abogado porteño Juan José Schaer asumió la intervención a raíz del pedido del Juzgado de Campana.

«Trabajaremos para velar por el cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente tanto en materia cooperativa como mutual, vigilar el mantenimiento del activo y cuidar que los bienes específicos no sufran deterioros, comprobar las entradas y gastos y fundamentalmente en no interrumpir la prestación por parte de las Cooperativas y la Mutual en beneficio de sus asociados», informó Schaer a través de un comunicado.

Quien conducía la asociación y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos fue detenido el 1º de agosto acusado de los delitos de administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal.

Foto: Juan José García