El objetivo es adherir a la norma nacional, sancionada en diciembre pasado, y de construir un abordaje integral de la población sin techo
La diputada Dámaris Pacchiotti, del bloque de Ciudad Futura, presentó el proyecto de ley provincial para personas en situación de calle, con el objetivo de adherir a la norma nacional, sancionada en diciembre pasado, y de construir un abordaje integral de la población sin techo.
El proyecto había sido propuesto originalmente por la diputada socialista Gisel Mahmud, unificando su propuesta con otra posterior con su colega Natalia Armas Belavi, del bloque Somos Vida y Familia, perdiendo el estado parlamentario tras ser ignorado por el senado provincial.
El objetivo de la norma es, desde el Ministerio de Desarrollo Social, coordinar e implementar el programa nacional de políticas públicas para el abordaje de la situación de calle, incluyendo en esta tarea a los Centros de Integración Social provinciales coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A su vez, busca facilitar el trámite gratuito de documentos que acrediten la identidad de la población objetivo en caso de no tenerlos, como el Documento Nacional de Identidad, la partida de nacimiento, el CUIL, entre otros.
La norma también exige la generación de datos censales anuales, que permitan generar una base de datos sobre la población sin techo y la creación de un área específica dentro de la autoridad de aplicación que centralice la recepción de la información provista por el Sistema Nacional de Atención Telefónica y articulación con el Sistema Nacional de Atención Móvil previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley Nacional de Situación de Calle y Familias sin Techo.
La diputada Pacchiotti pondera un hecho ocurrido tras la caída del proyecto en la Cámara Alta, que es la sanción de la ley nacional de situación de calle, elemento con el que no se contaba a la hora de presentar el pliego en Santa Fe. “A partir de ese hecho puntual, nosotras repensamos el proyecto junto con las organizaciones” Red Puentes y Casita de Luján, las cuales junto con otras organizaciones sociales y eclesiásticas impulsaron la ley a nivel nacional y que aún no está reglamentada. “A nivel nacional están dando la pelea por la reglamentación de esa ley, pero a nivel provincial querían construir este proyecto que impulse la adhesión a esta ley nacional y que establezca las características que queremos darle a lo existente en el territorio provincial”.
El proyecto tuvo ingreso y acompañamiento de la Cámara baja en aquella primera oportunidad el año pasado, y también ahora. Pacchiotti cuenta a este diario que “pedimos el tratamiento conjunto de ese proyecto que se reingresó, de Mahmud y Armas Belavi, dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales” y de la adhesión a la ley nacional.
“Si bien al Cámara de Diputados había dado la media sanción a este proyecto de Situación de Calle, lo que tuvimos en el medio como hecho político, que no puede dejarse de lado bajo ningún punto de vista, fue lo que lograron las organizaciones a nivel nacional que tiene que ver con la ley de personas en situación de calle y familias sin techo que fue sancionada por el congreso”. Es un proyecto de ley construido entre Red Puentes y la Casita de Lujan, que son las mismas organizaciones que llevaron adelante a nivel nacional la norma, que se sancionó en diciembre del año pasado.
El proyecto busca contemplar no sólo a las personas que se encuentran hoy en situación de calle, sino también a las personas “en riesgo de estarlo”. Por este motivo, el texto establece medidas preventivas para el relevamiento de posibles situaciones de precariedad tanto de la vivienda como de la relación de alquiler. “Hay muchísimas personas en situación de riesgo de perder su vivienda” avisó la legisladora de Ciudad Futura.
La ley nacional de Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo define a las personas en riesgo de a la situación de calle como quienes “sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra” se encuentren residiendo en establecimientos que deben abandonar, cualquiera sea la causa, “en un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso”. También califica como en riesgo a aquellas personas que se encuentren prontas a ser desalojadas o que habiten un asentamiento precario o transitorio sin acceso a servicios públicos o en condiciones de hacinamiento que no se encuentren calificados como polígonos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Pacchiotti resalta el caso de los convenios de deuda por falta de pago de alquiler, en donde apuntan a generar un acompañamiento desde el Estado para gestionar los planes de pago y buscar formas de evitar que ese riesgo se convierta efectivamente en una situación de calle, evaluando incluso la posibilidad de alquileres subsidiados, “la posibilidad de que haya inversiones en planes de vivienda pero que también se contemplen algunos porcentajes o mecanismos que hagan que ese objetivo de la creación de ese plan de vivienda contemple a las personas en situación de calle”.
Uno de los organismos que introduce la ley son los Centros de Integración Social, los cuales son establecidos por la Ley nacional. “Tienen que tener un abordaje integral, no sólo de la situación de calle desde una perspectiva mínima. Todos los proyectos productivos que están vinculados, los distintos equipos interdisciplinarios que tiene que abordar la salud, la situación laboral, las cuestiones de estudio. Pensar un abordaje integral de los centros existentes y de los que se crearían. Siempre pensado a través de la cogestión y la alianza virtuosa del Estado con las organizaciones. Ése es el marco que creemos que tiene que tener”.
Pacchiotti pone la mira en el 1º de mayo, fecha en el que comienza el periodo ordinario, como horizonte para confeccionar dinámicas de trabajo “no sólo en el marco de la comisión de Asuntos Constitucionales, sino desde afuera entre todas las organizaciones que son las que tienen la experiencia, el aprendizaje, las que llevan adelante en la diaria el abordaje integral de las personas en situación de calle”. Su intención es pensar por fuera de la institución para así llegar a una pronta y efectiva materialización de los beneficios de la ley.
“Pensamos en una autoridad de aplicación interministerial, que si bien Desarrollo Social sea la que aglutina, tiene que haber un trabajo interministerial” articulando a los ministerios de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y el de Salud, a las carteras de Trabajo, Igualdad y Género, Gobierno, Justicias y Derechos Humanos con las autoridades municipales y comunales, o los organismos que los reemplacen en el futuro. “La coordinación tiene que ser llevada adelante por todos los ministerios, indispensablemente”.