Según las instituciones del sector, unos 100.000 puestos de trabajo están en riesgo y la crisis no se detiene
La deuda de los gobiernos nacional y provincial con los sectores de discapacidad denuncian que sigue siendo una constante. El último aumento arancelario destinado a instituciones que trabajan con personas con discapacidad fue de un 9,5% desdoblado para mayo y junio, «lejos de responder a la realidad cotidiana de estos servicios», indicaron desde el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad (FPPDPcD).
«Expresamos el total rechazo a la propuesta gubernamental que terminó en una insuficiente adecuación arancelaria aprobada por el Directorio del Sistema Único, en la reunión del pasado 1 de junio de 2023», indicó un comunicado que nuclea a las instituciones del sector en todo el país.
En tal marco, dicho Foro alertó: «Se hace imposible sostener los servicios de atención y poniendo en riesgo no solo a las Personas con Discapacidad (PcD) sino también a más de 100.000 puestos de trabajo».
Ahora bien, Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis), narró que en las diversas reuniones mantenidas a lo largo del año con las autoridades nacionales «se comprometieron a respetar los índices inflacionarios para acompañar los costos necesarios que requiere la atención de las PcD».
Sin embargo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y las obras sociales «todavía adeudan las diferencias arancelarias de los meses de enero 2023 y febrero 2023», planteó.
Por otra parte, -según Chapero- los ajustes otorgados «no condicen con la inflación mensual tal cual lo prometido y alejados de lo que venían realizando. Las autoridades nacionales incumplieron de este modo su palabra que declama defender los derechos de las PCD», se quejó la titular de Apridis.
Respecto del último aumento arancelario, Chapero indicó que «en reiteradas ocasiones se solicitó la convocatoria del directorio para prever los ajustes de nomenclador que debían implementarse a partir de mayo 2023 y la respuesta fue la dilación del encuentro, que recién se efectivizó en el mes de junio, otorgando un aumento tardío y más que insuficiente».
En definitiva, para el FPPDPcD «es incomprensible la adecuación», de los valores prestacionales aprobada por el Directorio del Sistema Único, a las prestaciones que se brindan a través de los Servicios Educativos, Hogares, Residencias, Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Rehabilitación, Servicios de Estimulación Temprana y diversas alternativas nomencladas que se encuadran en la ley 24.901.
El último ajuste fue del 4,5% para mayo 2023 y 5% para junio 2023, que «está lejos de responder a la realidad cotidiana de estos servicios», reiteraron y agregaron que, «la misma no cubre» la inflación proyectada mayor al 57% para el primer semestre del año. Según indican las instituciones existe un desfasaje del 20% del valor real a diciembre 2022, «situación que han expresado nuestros representantes en el marco de la reunión», expresaron.
Otra de las cuestiones que preocupan es que «el aumento se comenzaría a cobrar en septiembre 2023, con una inflación real de alrededor del 10% mensual, no pudiendo asumir los compromisos de sueldo con sus justos incrementos para los trabajadores, pago de servicios, obligaciones tributarias, etc», indicaron desde el espacio que nuclea a las instituciones para PcD en todos el país.
Como resultado el panorama planteado por el foro es sombrío: «Es imposible sostener los servicios de atención», además, «están en riesgo no solo a las PcD sino también a más de 100.000 puestos de trabajo».
Otro capítulo para la Superintendencia de Servicios de Salud que «niega cualquier incremento en línea con las obras sociales sindicales que no quieren financiar el pago de las prestaciones a sus afiliados con discapacidad», denunciaron las instituciones.
En dicho marco, Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad solicita de manera urgente que al gobierno nacional que por medio del Directorio del Sistema Unico, «rectifique la decisión tomada, retome el criterio que venía trabajando teniendo en cuenta el IPC y el contexto inflacionario y al mismo tiempo establezca un mecanismo de ajuste automático de los valores arancelarios y se cumpla con la promesa de reconocer aranceles que permitan sostener la atención de más de 200.000 personas con discapacidad que utilizan y necesitan de estos servicios para sostener su calidad de vida», completaron los representantes de instituciones que trabajan con personas con discapacidad.