La decisión del presidente Marcelo Rebelo de Sousa fue aplaudida por la derecha y ultraderecha portuguesa y por la Conferencia Episcopal, tras cuestionar la "excesiva indeterminación" de la norma
El Tribunal Constitucional de Portugal declaró inconstitucional la eutanasia conforme a la ley que aprobó en enero el Parlamento luso, aunque no cierra la puerta a una reformulación de la misma porque «el derecho a la vida no puede convertirse en un deber de vivir en cualquier circunstancia», se informó hoy.
Por 7 votos contra 5, el Constitucional aprobó un texto que reconoce la «legítima tensión entre el deber de protección de la vida y el respeto a la autonomía personal en situaciones límites de sufrimiento», informó esta tarde la agencia Europa Press.
La información agregó que la Corte propone que se pueda «resolver por la vía de opciones político-legislativas (…) como la anticipación de la muerte asistida por mediación a petición de la propia persona», y para ello demanda al Parlamente leyes «claras, precisas, previsibles y controlables».
En cuanto a los casos de sufrimiento extremo, el Constitucional consideró que no se puede determinar «con las reglas de la profesión médica», por lo que no ha aplicado la censura constitucional. Sin embargo, los jueces estudiaron la norma en su conjunto y consideraron que es «desacorde con el principio de determinabilidad de la ley».
El Constitucional responde, de este modo, a una petición de fiscalización preventiva planteada por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que cuestionó la «excesiva indeterminación» de la norma.
La decisión de Rebelo de Sousa fue aplaudida por la derecha y ultraderecha portuguesa y por la Conferencia Episcopal, mientras que el Partido Socialista gobernante pedía «serenidad».
El texto, que fue aprobado con 136 votos a favor, 78 en contra y cuatro abstenciones en enero pasado, fue presentado al presidente Marcelo Rebelo de Sousa quien luego lo sometió al análisis de la Corte constitucional.
Esta normativa preveía que los portugueses mayores que vivan en su país, y estén en «una situación de sufrimiento extremo, que presenten lesiones irreversibles» o afectados por «una enfermedad incurable» puedan, recurrir al suicidio asistido, consignó la agencia AFP.
La medida establecía que la solicitud del enfermo al final de su vida debía ser validada por varios médicos, así como por un psiquiatra cuando haya dudas sobre la capacidad de la persona a hacer una elección «libre y consciente».
Llegado el momento, el médico del paciente debería confirmar una última vez la voluntad del paciente de poner fin a sus días, frente a testigos.