El creador de WikiLeaks se enfrenta a una posible condena de 150 años en prisión si es entregado a las autoridades estadounidenses
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no compareció este jueves por temas de salud en la audiencia, de carácter administrativa, que debería ser la última antes de que se conozca la decisión judicial sobre su extradición a Estados Unidos.
La audiencia apenas duró los minutos necesarios para constatar que el periodista, detenido en una cárcel de Reino Unido, tenía autorización judicial para excusarse debido al fuerte riesgo de contagios en el traslado desde la celda al locutorio de la prisión con conexión audiovisual externa para una videollamada.
Assange tiene un historial clínico de dolencias respiratorias que lo identifican como población vulnerable a la pandemia del coronavirus.
El penal de Belmarsh, donde Assange está recluido desde abril de 2019, sufrió un brote de Covid-19 en las últimas semanas y al menos 52 prisiones dieron positivo.
Seguirá retenido hasta el 4 de enero en la cárcel de máxima seguridad de Londres, según confirmó el juez de distrito Paul Goldspring durante una vista que se celebró este viernes en la Corte de Westminster.
El exeditor de WikiLeaks fue honrado esta misma jornada en una ceremonia en recuerdo del premio que le concedió en 2019 la Comisión de la Dignidad catalana en reconocimiento de su esfuerzo, apoyo y divulgación informativa del nacionalismo, la democracia y los presos políticos catalanes.
Un grupo de simpatizantes se manifestó ante la Corte de Magistrados de Westminster en solidaridad con Assange y en demanda de su puesta en libertad, informó la agencia de noticias AFP.
El Sindicato de Periodistas y otras organizaciones nacionales e internacionales difundieron esta semana un mensaje en el que advierten que «Reino Unido no será un espacio seguro para periodistas ni editores mientras Assange continúe en prisión afrontando la extradición», solicitada por la administración del presidente Donald Trump.
La Justicia estadounidense reclama al exdirector de WikiLeaks para procesarlo por un cargo de conspiración para acceder a sistemas informáticos gubernamentales y otros 17 por supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje.
El profesional australiano se enfrenta a una posible condena de 150 años en prisión si es entregado a las autoridades de EEUU y juzgado allí por los 18 presuntos crímenes.
Ambas partes podrán recurrir la decisión que adopte el tribunal de Westminster en este extraordinario pulso, que bien podría llegar hasta el Supremo británico y la Corte europea de Derechos Humanos.
La jueza Vanessa, que preside el caso en primera instancia, tiene previsto dictar sentencia el 4 de enero.
El veredicto zanjará la pregunta que rodea todo el proceso: si la libertad de prensa tiene prioridad sobre la protección de secretos de Estado, máxime si estos encubren abusos de poder, como sugieren imágenes e informes oficiales estadounidenses difundidos por WikiLeaks y otros medios internacionales.