CLG dialogó con Matías De Bueno, abogado especializado en Derecho Ambiental y director del Observatorio Ambiental de la UNR, sobre qué aportaría la nueva normativa
Por Emilia Ottogalli
Toda área terrestre que está saturada o inundada de agua de manera estacional o permanente es considerada un humedal, según la Convención Ramsar, que promueve la conservación y el uso racional de los mismos. Se trata de ecosistemas cuyo impacto en la biodiversidad y calidad de vida de los seres tiene varias aristas: proporcionan agua dulce, representan el 20 % de la alimentación del mundo, son los amortiguadores de la naturaleza, albergan más de 100.000 especies y proveen productos y medios de vida sostenibles.
Argentina tiene una gran cantidad de su superficie que podría clasificarse bajo esta denominación. La más cercana para los rosarinos y la más nombrada en el último tiempo es la que abarca el Delta del río Paraná. Este año, las quemas indiscriminadas en las islas derivaron directamente en un pedido: la ley de humedales. Ahora bien, ¿qué es la ley de humedales y qué aportaría? Para responder esas preguntas, CLG dialogó con Matías De Bueno, abogado especializado en Derecho Ambiental y director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Los incendios en las islas
En primer lugar, es importante dar un panorama de la situación que se atraviesa actualmente en el humedal del Delta. Los últimos meses los incendios a lo largo de su territorio se han dado en cifras prácticamente sin precedentes. Desde el Observatorio Ambiental de la UNR llevan adelante un monitoreo semanal sobre la cantidad de focos.
Para dar una imagen clara, en la semana del 10 al 16 de agosto hubo un total de 680 focos en el área de estudio. Un número «muy superior a lo que ha sucedido en los últimos 8 años en el departamento Victoria, en el que ha habido un máximo de 30 en el 2018, pasando por 19 en 2012 y 12 en 2013», revela el estudio. Además, se especifica que la mayor parte se concentró en dos zonas casi contiguas: al este y al oeste del arroyo San Lorenzo.
Los datos dejan poco lugar a la especulación. Si bien los incendios no son algo nuevo, la magnitud con la que se han dado en el último tiempo sí lo es. «Unos meses atrás le criticábamos a Bolsonaro (presidente de Brasil) que quemaba el Amazonas, y hoy tenemos medio país en llamas», aseguró De Bueno en ese sentido.
A su vez, destacó el contexto en el que se realiza esta práctica de quemas: «Es un momento histórico donde es absolutamente irracional, porque estamos un medio de una sequía». «Existen modalidades de gestión de los pastizales sin fuego, como modalidades de gestionar el fuego o el ganado de manera sostenible, como también existen emprendimientos inmobiliarios que no implican estas calamidades que se están dando», enumeró.
«Hoy están todos muchos más indignados porque tenemos contaminado el aire en Rosario y porque ven que se le están quemando los ranchos a los pobladores de las islas», analizó el abogado. Y continuó: «Hay un extremo al que se ha llegado que es impresionante».
La contaminación en el aire a causa del humo
La contaminación del aire ha sido, evidentemente, uno de los impactos más notables para los ciudadanos que puso de manifiesto de este lado del río lo que sucede del otro. La imagen del fuego en la otra costa preocupaba, pero una vez que el viento trajo las secuelas hacia la ciudad, las cosas fueron diferentes y muchos salieron a la acción.
Más allá del humo que se ve en el horizonte y las cenizas que muchos encuentran en sus patios o balcones, un estudio del Grupo Calidad de Aire del Instituto Tecnológico de Diseño e Innovación junto con la Plataforma Ambiental y el Observatorio Ambiental de la UNR mostró claramente qué es lo que está pasando.
Desde mayo, efectuaron una serie de mediciones de calidad de aire. Las mismas revelaron que, en la fase temprana del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia, la calidad de aire mejoró sensiblemente. Sin embargo, para el 15 de julio, a raíz de la propagación de los focos ígneos, se obtuvo el valor más alto de contaminación, seis veces por encima de lo admitido por la ley.
«En las islas se produce una enorme cantidad de oxígeno que en general limpia el aire de la ciudad; hoy, en vez de limpiarlo, cuando viene el viento este lo contamina», indicó De Bueno. A lo que agregó: «En vez de llegar puro por generarse en la biodiversidad de las islas y fresco por el agua, lo que recibimos es humo».
La normativa vigente
Los focos aparecen y se extienden cada día en las islas. Los brigadistas trabajan sin cesar por tierra y aire para contener las llamas, pero cuando terminan en un lugar, aparecen en otro. La situación es compleja y no se puede terminar de controlar. Sin embargo, ya existen normativas que deberían estar impidiendo esto.
«Con la cantidad de normativas que hay hoy en materia ambiental, ya no debería estar pasando lo que está pasando», aseguró el director del Observatorio Ambiental de la UNR. «Hay muchas normativas en materia de protección, tanto a nivel de convenciones internacionales como de Ramsar, como con la Constitución Nacional».
Así, explicó: «Está planteado que se puede generar un desarrollo productivo, pero siempre de manera sostenible integrando las dimensiones económica, social y ambiental». «Hay que hacerlo preservando los recursos naturales, satisfaciendo las necesidades del presente sin comprometer la de las generaciones futuras», señaló.
Además, está la Ley General de Ambiente. «Ésta protege a modo de presupuestos mínimos», aseveró. Es decir, concede una tutela ambiental uniforme para todo el territorio nacional, su objetivo es imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. «Tenés un concierto de normas de presupuesto mínimos. Primero está la General y después muchas leyes sectoriales como la de Cambio Climático, la de Aguas, la de Quemas y la de Glaciares. A ese concierto se agregaría la de humedales», determinó.
Asimismo, en un nivel provincial, el letrado detalló que «el humedal que está en Victoria es una reserva natural de usos múltiples para la normativa de Entre Ríos». Eso significa que «la única forma de producir tendría que ser a través de emprendimientos con sostenibilidad».
¿Por qué no son suficientes?
Para De Bueno hay «dos grandes ejes» por los que no alcanza con las normativas que ya existen. En primera instancia, señaló: «La omisión de las autoridades de aplicación a nivel estatal y la falta de políticas contundentes en cuanto a la implementación de normativas que tienen que ver con el desarrollo sostenible en materia productiva».
Por otro lado, advirtió: «Desde el sector privado hay un ansia de generar mayor ganancia sin tener en cuenta las consecuencias ambientales. Como que hay un desprecio enorme por el ambiente, yo no sé si es por brutalidad por la ignorancia que se tiene». «Esto termina siendo mucho más caro a nivel social, en dinero y en las externalidades negativas que no se tienen presentes y no se suman a los costos», agregó.
«Tenés un sistema productivo que no tiene presente la protección ambiental. Tenés, también, una expansión de la frontera agropecuaria que fue expulsando permanentemente los distintos tipos de territorio, generando un cambio en el uso del suelo. Donde había monte, hoy tenés todo sembrado; donde había un bosque, lo tenés derribado«, observó.
¿Qué aportaría la ley de humedales?
Actualmente, hay seis proyectos presentados que se están debatiendo en Diputados. «La idea es que de todos se arme un único proyecto, obviamente», remarcó De Bueno. Ésta no es la primera vez que un proyecto comienza a ser tratado; de hecho, en 2013 y 2016 «se aprobó una ley de humedales en el Senado y no logró tener la aprobación en Diputados». «Hoy está haciendo el camino inverso», aclaró.
La ley de presupuestos mínimos de humedales «principalmente define qué se entiende por humedal». Es que la definición en sí misma genera un amplio debate. «Lo que se plantea es que entre el 21 y el 23 por ciento del territorio de Argentina corresponde a la categoría de humedal, desde el punto de vista ambientalista», expresó. Sin embargo, «para los productores, no debería ser más del 15 o 16 por ciento». «Ellos plantean que cada sector con un poco de agua sería humedal y en el caso de la ley se lo podrían sacar de los sectores productivos», comentó.
En síntesis, la ley aportaría «un inventario a nivel nacional». «Va a haber lugares que no se van a poder tocar directamente porque van a ser de protección del mayor nivel; otros serán de protección media, donde se pueden llevar algunas actividades de investigación y de turismo sostenible, siempre que sean de bajo impacto. Y después, los de menor protección, donde se podrán desarrollar entendimientos productivos, pero planificados y siempre con un modo de producción sostenible», anunció. De todas maneras, insistió: «Esto ya debería ser así acá», volviendo a lo explicado anteriormente en materia de normativas vigentes.
A su vez, aseguró: «La ley nos daría un gran presupuesto para la gestión y aprovechamiento. Además, de comisiones o consejos de expertos para poder debatir y tomar decisiones políticas». «También no daría la posibilidad de tener audiencias públicas a la hora de tomar decisiones en torno a lo que se implemente y eso daría mayor participación a la ciudadanía», analizó.
¿Cuáles son las posibilidades de que se sancione la ley?
«La expectativa para mí, está en que hay que sumar a todos los sectores para dar un debate sobre la ley de humedales», comenzó. A lo que añadió: «Incluso al sector productivo, porque sino vas a tener la resistencia de los lobbies empresariales del otro lado, que es fuerte, y te pueden voltear la ley».
En cuanto al contexto social y los muchos reclamos que se han dado en el último tiempo, expresó: «Sí hay un consenso mayoritario y social como para poder aprobar una ley de humedales en un relativo corto plazo». «Tiene que seguir habiendo presión social para esto y sí hay que sentar en la mesa de debate a todos los sectores», cerró.