Por primera vez un sacerdote será juzgado desde el próximo 15 de marzo en la provincia de Santa Fe por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Se trata del cura casildense Eugenio Segundo Zitelli, quien comparecerá ante un Tribunal Federal en Rosario durante el desarrollo de la tercera parte de la megacausa «Feced», así denominada por el apellido del entonces comandante de Gendarmería Nacional que fuera jefe de la policía de Rosario, Agustín Feced.
Trece policías santafesinos retirados y el sacerdote Zitelli, quien fue capellán de la policía, serán juzgados desde el próximo 15 de marzo, por delitos de lesa humanidad contra 152 víctimas del terrorismo de Estado, de los cuales serán analizados por primera vez los que comprenden a 90 víctimas.
Los acusados son Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Rito Vergara. Junto al sacerdote Zitelli, también serán juzgados por primera vez los policías Héctor Gianola y Daniel González.
Primer caso
Es la primera vez que en Santa Fe se juzgará a un sacerdote católico por delitos de lesa humanidad. El antecedente nacional más recordado es el del también capellán Christian von Wernich.
Zitelli fue capellán de la Policía de Rosario y en esa función está acusado de participar en las sesiones de torturas aplicadas a detenidos-desaparecidos.
Los primeros once policías ya fueron condenados a distintas penas por delitos de lesa humanidad luego de juzgados en anteriores etapas de la causa Feced, y los policías «Beto» Gianola y «Lagarto» González no habían sido alcanzados por esos juicios porque se mantuvieron prófugos de la Justicia, mientras que el cura Zitelli no había sido investigado judicialmente.
El tribunal está integrado por Lilia Graciela Carnero (integrante del Tribunal Oral I, de Entre Ríos), Jorge Sebastián Gallino (miembro de la Cámara Federal de Apelaciones Rosario) y Osvaldo Facciano (integrante del Tribunal Oral III de esta ciudad).
El fiscal interviniente en la causa es Adolfo Villatte, titular de la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, jurisdicción Rosario.
A su vez, la parte querellante está integrada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la Asociación Civil Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y distintas querellas que representan a víctimas particulares.
Demora
La tercera parte de la megacausa debía llegar a juicio el 9 de marzo del año pasado, pero por sucesivas prórrogas el Tribunal Oral Federal (TOF) II de Rosario fijó finalmente como fecha de inicio el 15 del próximo mes y las audiencias se realizarán los días jueves y viernes, cada 15 días.
La Cámara Federal de Casación Penal instó al TOF II a que «comience» el postergado debate oral «y le imprima celeridad una vez empezado», informó hoy la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos de Rosario. A la vez, Casación prorrogó las prisiones preventivas de nueve de los 14 imputados, quienes continuarán detenidos hasta el inicio del juicio.
Todos los imputados prestaron servicio durante los primeros años de la última dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía rosarina ubicado en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, donde funcionó el mayor centro clandestino de detenciones de Rosario, denominado «El Pozo».
Los delitos que constituyen la acusación son privaciones ilegales de la libertad agravadas; tormentos agravados; abusos sexuales agravados (sólo Mario Marcote está acusado por dos hechos); homicidios agravados (sólo los correspondientes a 20 víctimas y no todos los imputados están acusados por esta figura), y asociación ilícita para quienes no fueron juzgados con anterioridad por este delito, según detalló la Fiscalía.
La cantidad de testigos ofrecidos por las partes y admitidos por el Tribunal es de 322 (entre quienes se encuentran sobrevivientes, familiares, expertos, entre otros).
Fuente: Diario La Capital