El fiscal penal de la localidad salteña, Armando Cazón, acusó provisionalmente a Rubén Méndez de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor
El intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, Rubén Méndez, fue imputado por un fiscal penal por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario, en grado de autor, informaron hoy fuentes del Ministerio Público de Salta.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, acusó provisionalmente a Rubén Méndez Salazar, de 57 años, de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor.
El jefe comunal de la localidad de Salvador Mazza, que está a 411 kilómetros al norte de la capital salteña, en el departamento San Martín y en la frontera con Bolivia, se presentó a la audiencia de imputación, asistido por su defensa particular, y se abstuvo de declarar, por lo que anticipó que presentará su declaración por escrito.
Del decreto de imputación, surge que Cazón intervino tras una denuncia radicada el 26 de octubre de 2020, por el presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Blademir Villalba.
En la denuncia, Villalba hizo constar que el municipio de Salvador Mazza cuenta con su Carta Magna Municipal desde 2018, ratificada por la Legislatura Provincial y promulgada por la Ley 8111, que fija las pautas obligatorias para el representante del Departamento Ejecutivo.
Sin embargo, el intendente, que en 2019 fue reelecto en su cargo a través del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, no puso en funcionamiento ninguna de las áreas establecidas por la normativa.
Villalba dijo en su denuncia que la Carta Orgánica jamás fue puesta en marcha, por lo que el Concejo Deliberante dictó varias normas al respecto, entre ellas, la ordenanza 47/19, mediante la cual se creó un Juzgado Administrativo de Faltas y que fue vetada por el intendente ese mismo año.
En consecuencia, Méndez incurrió en el incumpliendo de sus deberes de funcionario público y privó a los habitantes de una correcta administración pública.
Además, se creó el Tribunal de Cuentas del Municipio de Salvador Mazza, mediante la ordenanza 46/19, que también fue vetada por el Departamento Ejecutivo municipal.
Su aprobación fue posteriormente insistida mediante la resolución 123/19, sin que se diera cumplimiento, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal.
En tanto, mediante la ordenanza 48/19, fue creada la Procuración Municipal, que también fue vetada por el intendente, e insistida por resolución 125/19, sin que se diera cumplimiento a la puesta en marcha, conforme a lo previsto en la Carta Orgánica y la ordenanza que exige su cumplimiento.
Según el decreto de imputación, Méndez también incurrió en el delito de malversación de fondos públicos, ya que hace dos períodos incumple con lo establecido por la Carta Orgánica, al no enviar el presupuesto de gastos para el año de ejercicio al Concejo Deliberante, lo que fue solicitado en diversas oportunidades, mediante pedidos de informe.
Por otra parte, mediante la ordenanza 49/19, se exigió a Méndez que enviara el presupuesto al Concejo Deliberante y también fue vetada por el Ejecutivo, por lo que fue insistida mediante la resolución 126/19.
En tres pedidos fueron reiteradas las solicitudes de informes sobre Secretarías Administrativas y la entrega de mercaderías.
Además, mediante la resolución 129/20 fueron requeridos el segundo y tercer corte trimestral del 2019, sin que se recibiera respuesta.
Los voceros indicaron que tampoco fueron respondidos los pedidos de informes 92/2020, sobre la primera ejecución trimestral de ese año y de la Cuenta General del Ejercicio 2018 vencida; y el 68/2020, que requirió informes sobre los fondos provenientes de Nación para combatir el dengue.
Por último, fueron requeridos los gastos por los corsos 2020, el desabastecimiento de agua potable en el paraje El Sauzal y la rendición de cuentas de la Cooperadora Asistencial de 2019.